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Aturdidos de leyes

El Congreso es una máquina de hacer leyes y Colombia vive una creciente inflación legislativa. 

Cada acontecimiento, de manera casi automática y por lo mismo próxima a la irracionalidad, hace brotar la petición de nuevas leyes. Es lo corriente en algunos noticieros que creen descubrir que los delitos, los hechos dañosos o los accidentes ocurren por falta de leyes, o que los castigos son pequeños.

Esa profusión de normas genera como primer resultado que ni siquiera los abogados más estudiosos pueden estar al día. Si los académicos se quedan rezagados por la velocidad de creación de nuevas leyes y de modificaciones a las existentes, ¿qué esperar del juez o el funcionario administrativo ya aturdido por el cúmulo de asuntos que debe resolver?

Luego, en el caso más intrascendente, aparecen las consecuencias graves. Por doquier la administración obra mal, surgen los pleitos y sobrevienen las condenas diarias que permiten que hoy, para muchos colombianos, su lotería extraordinaria consista en los errores de la burocracia que luego es correspondida con cuantiosas indemnizaciones, en veces ayudada por la generosidad de los jueces.

Una muestra clara de lo que pasa la brinda la justicia. En 2010 entró a regir un estatuto aprobado y divulgado con pompa porque remediaría las tardanzas de la justicia civil. Tendríamos procesos terminados en no más de un año, en primera instancia, y en seis meses en segunda. Pues bien, no alcanzó a entrar en vigencia la simplificación anunciada porque nunca se dispusieron los mecanismos para ello. Estando pendientes de esa implementación, ya se acaba de conciliar en el Congreso un nuevo Código General del Proceso, unas pocas de cuyas normas empiezan a regir en octubre próximo en tanto que las más importantes regirán a partir de 2014, “en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias.”

Vemos, en el campo político, la sucesión inacabable de reformas para permitir o reprimir el llamado transfuguismo de los elegidos por voto popular, según las conveniencias momentáneas de los partidos. Y así en tantos otros aspectos de la vida ciudadana.

En un país hiperlegislado, por la misma abundancia de leyes, muchas veces repetitivas e innecesarias, el resultado lógico es la ignorancia de las mismas y su continua violación. Esto es, la ley termina siendo un objeto de burla, porque el ciudadano se encuentra a cada paso, a pesar de su buena voluntad, fuera de la ley por desconocerla. Y terminamos, como en Colombia, que el quebrantamiento de la ley es harto frecuente y, en consecuencia, regla general la impunidad.

Ningún país ha conseguido buenos ciudadanos a punta de reglamentarles todos los actos de su vida. Las gentes respetan las leyes cuando son buenos ciudadanos, pero no son buenos ciudadanos por imposición de la ley. Mucha ley imposibilita ser buen ciudadano. Y buenos ciudadanos, muchos buenos ciudadanos, nos hacen falta, mucha falta, en Colombia. No más leyes, que ni siquiera los eruditos alcanzan a conocer.



* Abogado – Docente de la Universidad del Sinú - Cartagena

h.hernandez@costa.net.co

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