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Ayudar antes de perseguir

Eso de quedarse en conato de tan “altruistas obras” no le queda bien a un presidente que gastó 25 millones de dólares en la Cumbre. Santos “desea” ayudar al país a partir de una “delicada” reforma, que incluía hasta sustraer a la Corte Suprema de la investigación a funcionarios con fuero, como los congresistas. Para el gobierno de Santos, la Sala Penal de la Corte podría no ser objetiva en contra de tan “honorables” servidores “injustamente” perseguidos por la parapolítica. Ni hablar del fallo del Coronel Plazas Vega; hasta perdón pidió.

En suma, el Ejecutivo está indignado con la Justicia. Dr. Santos, permítanos mostrarle otra perspectiva. Dicen los entendidos que para lograr un presupuesto suficiente para la Rama Judicial, se necesitan unos $500.000 millones de pesos, que se recaudarían vía arancel judicial. Sepa que tal arancel ha sido tímidamente regulado; se destacan entre otras la Ley 270 de 1996 y 1394 de 2010. Hoy llama especial atención el proyecto de Ley 019 de 2011 que establece entre otras la gratuidad de la justicia, limitado por las agencias en derecho, costas, expensas y Aranceles Judiciales.

La intención es ofrecer una justicia autosostenible, que acopie el dinero para funcionar dignamente; lo digo por muchos funcionarios, la gran mayoría, afectados con “pseudo” sueldos; con deplorables instalaciones; agotados por la congestión judicial y todo por un Estado descuidado que ha gastado hasta en “chamanes”.

Señor Santos, nuestra Rama Judicial debe ser apoyada y no sometida al oprobio de investigaciones infundadas como aquellas en contra de jueces laborales, que se atreven a embargar al I.S.S. a pesar de lo dicho en Sen. C-546/1992 sobre su procedencia excepcional, o en contra de CAJANAL, que más parece “criminal” cuando viola sin misericordia los derechos de sus pensionados.

El arancel es de legislaciones foráneas. Ejemplos: la española (Ley 53/ 2002); la argentina (Ley 23898/2001); y la peruana (Res. Adtiva. 009/ 2012 Consejo Ejecutivo del Poder Judicial) y todo ello como forma excepcional de la gratuidad de la justicia. Nuestra Corte Constitucional acepta tal excepción de la gratuidad (Sen. C-713 de 2008). Usted se sorprendería del número de personas pobres que en encuestas desarrolladas en este consultorio, pagarían arancel para obtener una debida y pronta administración de justicia, si de presupuesto hablamos. Si ellos están dispuestos, el sector financiero y el industrial debiesen estarlo.

Recuerde los tribunales de arbitramento como ejemplo “austero” de justicia al que acuden. Nadie está de acuerdo con malos funcionarios de la Rama Judicial ni de ninguna. Los correctivos deben partir de planteamientos objetivos. Pero si su proyecto de reforma continúa aplastante; si se patrocina la cooptación de las Cortes; y se indigna ante los pronunciamientos de la alcurnia del caso Plazas Vega, queda claro que no es su deseo ayudar.

Si hoy amenaza una rama del poder que le permita más poder, tarde que temprano arremeterá contra cualquier otra.



*Director General Consultorio Jurídico y Centro de conciliacion Universidad de San Buenaventura.



spereira@usbctg.edu.co

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