Según la Encuesta de Transporte Urbano que realiza cada tres meses el DANE, entre 2005 y finales de 2011 el número de usuarios del transporte público de Cartagena ha caído 21,2%. Dicho de otra manera, en esos seis años, en promedio, diariamente, unas 112.500 personas dejaron de movilizarse en buses, busetas y microbuses.
Como resultado de estos cambios en la demanda -y contrario a lo que podría suponer el ciudadano del común ante la permanente congestión vehicular- durante estos siete años el parque automotor de buses, busetas y microbuses en servicio se redujo 16,4%.
Esta situación refleja la aguda crisis del sistema de transporte público de la ciudad. La mala calidad del servicio, evidenciada en la baja cobertura, la limitada accesibilidad, los tiempos de espera, la duración de los recorridos y el mal estado de los vehículos, entre otros, han favorecido el auge y la consolidación de los transportadores informales (mototaxistas y colectivos).
Por su dimensión y permeabilidad, se trata de un complejo y ya arraigado fenómeno social, un multimillonario negocio que afecta en forma crucial la dinámica económica y la movilidad urbana de Cartagena.
Los datos anteriores toman como referencia el año 2005, cuando se iniciaron las obras de construcción de Transcaribe, proyecto que, según informa con mucho optimismo su gerencia, iniciaría operaciones el próximo año.
Independientemente de lo planteado, si se mantiene la tendencia registrada por el DANE -y todo indica que así será- cuando por fin empiecen a rodar los buses de Transcaribe los operadores informales se encontrarán aun más posicionados en el mercado. Esto tiene el agravante de que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) propuesto para la ciudad ofrecería una respuesta parcial a los problemas que han llevado a los usuarios a ir abandonando el servicio de transporte público formal.
En una ciudad como Cartagena, donde un tercio de la población es pobre, es claro que la ocupación en estas labores de transporte informal resulta una opción lógica e incluso necesaria. Por no hablar de la tarifa que se deberá establecer al momento de poner en marcha el servicio de Transcaribe, una decisión nada fácil –aunque ya anunciada- que determinará en buena medida la disposición a usar el SITM por parte de esta población masiva pero con bajos ingresos.
¿Se verían afectados en forma significativa los medios informales de transporte público –llámense mototaxis o colectivos– con la entrada en operación de Transcaribe? A nuestro juicio, probablemente no. Sin embargo, la viabilidad financiera de Transcaribe seguramente sí se verá en riesgo por estas actividades informales.
Como parte de la planificación de las actividades previas a la operación del proyecto, la Administración Distrital tiene la responsabilidad de evaluar en detalle los alcances e implicaciones de este fenómeno que se ha venido profundizando en los últimos años.
Le corresponde igualmente al gobierno local impulsar políticas públicas regulatorias que permitan la armonización del transporte formal e informal. De lo contrario, el SITM podría verse abocado al fracaso – a no dudarlo, un desenlace trágico para una ciudad que durante largos años ha incurrido en altísimos costos externos e internos por la prolongada ejecución de este proyecto.
*Director del Programa de Economía, UTB.
majarogo@yahoo.com
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB o a sus directivos.
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