Como duele en el alma ver que personajes de la sociedad, de aquí y de allá, vivan a través de sus gestiones y acciones “inteligentísimas”, no para buscar soluciones reales a los mil y un problemas que se vive el país, sino para, como lo estamos viendo y lo hemos visto por muchos años, enriquecerse utilizando su posición social y económica. Duele mucho más saber que los que se benefician sean empleados oficiales o contratistas que viven dignamente e incluso con muchos bienes de más. Han podido estudiar por fuera del país, han recorrido mundo y viven a todo dar, como se dice en el argot popular. Son los beneficiados a dedo que cada gobierno trae para poder seguir detentando el poder a través del tiempo, no solo político con todo lo que ello implica, sino el económico, que es el que hace elegir o reelegir, como lo vimos en los últimos ocho años en nuestro país. Se utiliza el problema que se tiene de seguridad para vender la idea de que son los enviados de Dios, utilizando las armas como solución al conflicto, pero al mismo tiempo desde las carteras ministeriales trabajan indebidamente para enriquecerse y poder hacer que a través de ellos se aporte a las campañas de elección popular. Son los mismos que en el pasado no arreglaron el país, pero que ahora no sé porqué, dicen tener la fórmula para que todos vivamos con dignidad. Bandidos de cuello blanco, de familias de la alta sociedad que no han hecho sino lucrarse durante toda la vida de los dineros públicos, de las leyes o normas que los beneficien de forma que aparezcan como legales, pero que son desde su trámite fraudulentos. Eso es lo que estamos viendo con todo lo que ha podido salir a la luz pública, por denuncias en la mayoría de los casos gracias a los medios de comunicación. Esto no es de ahora, ha sido de siempre. Pero el escándalo es mayúsculo porque están involucrados todos aquellos que posaban de honestos y pulcros funcionarios de estos últimos ocho años que terminaron no siendo iguales, sino peores a los bandidos comunes. Que caiga todo el peso de la ley contra ellos, los Sabas, los Nules, los Morenos, los Arias, los Uribes, los Gavirias, los Palacios, en fin, todos los funcionarios y ciudadanos que de una u otra manera burlan o han burlado la Constitución para lograr sus propósitos y utilizar los dineros públicos en beneficio propio y no como debe ser, para que miles de familias pobres vivan en mejores condiciones. Ellos, que detentan el poder y son los que han podido en este país vivir a “todo dar” como se dice popularmente, son los peores bandidos. Esto último es lo que hace dar más ira ya que han podido vivir con dignidad pero quieren más y más, sin importar que la mayoría de los asociados en este país vivan en condiciones de solo sobrevivencia. Ojalá continuemos en este proceder de señalar a aquellos que violen la Constitución y las normas sin importar qué condición política, social o económica tengan y que, entre mayor sea su condición, mucho mayor sea su castigo. Por último, no se entiende que la Contraloría General en cabeza de Turbay Quintero no hubiera tomado las medidas necesarias. Tienen la palabra el poder judicial y los entes de control. *Periodista, ex asesor de paz del gobierno Pastrana, ex facilitador del gobierno de Uribe para un acuerdo humanitario. lviveropaniza@hotmail.com
Columna
Bandidos sociales
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