Columna


Con la inercia propia de administraciones negligentes, especializadas en agrandar los problemas mediante el procedimiento de ignorarlos, Bazurto se ha convertido en uno de los más graves de la ciudad.
El debate sobre su permanencia es asunto cerrado. Tiene que irse el mercado. Así lo determinó una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar en 25 de Noviembre de 2010. En ella se ordenó al Distrito de Cartagena “que en el marco del Plan de Renovación Urbana del Mercado de Bazurto, realice los estudios necesarios para efectuar el traslado del mercado de Bazurto a otra zona de la ciudad, conforme a los usos del suelo, de manera tal que no continúe afectando las fuentes de agua, tal como ha venido sucediendo con la Ciénaga las Quintas” y para ese cometido se le concedió un plazo de un año, contado desde la ejecutoria de esa decisión judicial, o sea que tal término debe estar extinguido o a punto de fenecer.
De acuerdo con la misma sentencia, una vez realizados los estudios, en un plazo de cuatro años, “el Distrito de Cartagena, deberá efectuar el traslado definitivo del mercado de Bazurto, de acuerdo con los resultados de dichos estudios.”
Bazurto sigue allí y, así lo insinúa el acontecer burocrático, con vocación de perennidad. Que se sepa, el Distrito no tiene listos los estudios para cumplir la orden judicial. ¿Quién asume responsabilidad por ese incumplimiento? De seguro, una autoridad señalará a la otra, ésta a la de allá, aquella a la de acullá, y a la postre se esgrimirán pretextos y, conforme a nuestra usanza, el problema seguirá insoluto sin que nadie asuma las consecuencias.
Ente tanto, y es lo más preocupante, la ciudadanía parece poco interesada porque esta decisión de la justicia se cumpla. Desconcierta que no concite agitación ciudadana para exigir solución a un grave problema de movilidad y de higiene pública. Esa pasividad ciudadana, esa conformidad con lo irregular, es justamente concausa de muchos de nuestros males y explicación de por qué un alcalde recién posesionado proclama que la ciudad está “patas pa arriba”.
El caso Bazurto que, además reviste importancia por la necesidad de que el propio Estado dé cabal aplicación de las decisiones de sus jueces, en otras latitudes habría dado lugar para reclamos ciudadanos vehementes que obligaran a la administración distrital a obrar con celeridad y acierto en la construcción de un sistema de mercados que, de contera, propulsara el desarrollo urbano equilibrado y armónico.
Entre nosotros, la capacidad de indignación por los males generales es poca. Cerramos vías y quemamos llantas cuando luchamos por intereses particulares, en cambio cuando de los grandes males colectivos se trata nos limitamos a gruñir y murmurar.
Sufrimos de escasez de buenos ciudadanos y la consecuencia se refleja en administraciones públicas negligentes, torcidas y elusivas de las soluciones de fondo. Los malos administradores gozan de la tranquilidad que les depara saber que falta una ciudadanía que les exija cuenta razonada y veraz de sus actos. Por eso se anticipa que el incumplimiento con el pueblo, y en este caso con la justicia, no tendrá sanción.

*Abogado – Docente Universidad del Sinú - Cartagena

hhernandez@costa.net.co

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