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Bienvenido, señor Ministro

Los anuncios del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, atinaron dos de las grietas que resquebrajan la seguridad: la primera, mantener una política unívoca para derrotar a los violentos.

Y, en segundo lugar, la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública, que pasa, según sus palabras, por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar. ¡Enhorabuena! Son los fundamentos para restablecer el estímulo de nuestros hombres en armas y un mensaje para narcoterroristas y sectores de la sociedad, que piensan que la criminalidad no puede ser derrotada.

No creo que el desánimo de la fuerza pública sea porque la cúpula esté comandada o no por un marino. Por supuesto, si el Ejército lleva el mayor peso de la guerra, cuánto mejor que el más sobresaliente de sus generales tenga el comando general de las FFAA. Pero el problema no está allí, sino en la base, en el frente de batalla. Los soldados, después de una operación exitosa, son acusados por las ONG que se mantienen al acecho, y juzgados por la justicia ordinaria, sin una defensoría técnica judicial que les garantice su derecho al debido proceso.

Hablemos claro. Se siente la derrota moral de quienes empuñan las armas para proteger a una sociedad indiferente. Casos como el del General Plazas o el del Capitán Romero Padilla, o unos más recientes, como los del Coronel Mejía Gutiérrez o los diez militares en Antioquia, cuya condena a 30 años de prisión por un supuesto “falso positivo” fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín, empiezan a ser emblemáticos de la destorcida ideológica y judicial que ronda a la fuerza pública.

Son casos que desnudaron las imperfecciones del aparato judicial y las irregularidades procesales, con las que se decide el destino de los involucrados. Montajes, violaciones en la cadena de custodia, omisiones, falsos testigos y pruebas, manoseo político del algunas ONG y, especialmente, el conflicto de competencias jurisdiccionales entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, están habilitando tribunales que no aseguran el debido proceso ni una defensa técnica.

En Colombia retornó el argumento de la imposibilidad de la derrota militar de la guerrilla. Quienes han vendido esa idea, aupan una guerra política y judicial contra la fuerza pública, una estrategia que inclina la balanza y da respiro a los alzados en armas. Detrás de cada operativo militar están los autodenominados defensores de derechos humanos, prestos a empapelar y poner en la picota pública a militares y policías. Y, lo peor: son retirados de la Institución antes de conocer los fallos.

¿Puede la fuerza pública vencer la criminalidad así? No. Y lo saben. Por esos sus adláteres hacen eco a inconvenientes procesos de paz, al ritmo que se incrementa la guerra política y judicial con la tesis de que la guerrilla no se puede derrotar. ¿Qué pensaran los militares de Antioquia, cuando su vida casi se convierte en una pesadilla de 30 años de prisión, y ven que sus falsos acusadores son potenciales beneficiarios de una paz negociada?

Señor Ministro, adelante sin vacilaciones. Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos, y lo hará de la mano del Fuero Militar. Las guerras se ganan en el corazón de los soldados.



*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN



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