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Buena fe y deber de informar

En días en que el desempleo en Colombia no cesa y los deseos de surgir atestan las ansias de fortuna, encontrar un trabajador que desista de su trabajo por la oportunidad que se le presente de tener otro mejor, no es normal.

Hace poco una señora relató que se le hizo una oferta laboral para un cargo que se haría una realidad, previa presentación de exámenes médicos, realización de entrevistas con  psicólogo, y demás exigencias -que ella cumplió- las cuales se solicitan en Colombia a cualquiera que aspire a trabajar, con la particularidad de que ella se encontraba laborando y su oferente le sugirió renunciar. Después se le informó que no podía asumir el cargo porque la empresa en la que su esposo es gerente, tiene relación laboral con la compañía.

Confluyen dos posturas desde las cuales puede apreciarse el caso. Por un lado, surge la buena fe pre-contractual en los tratos negóciales, y por otro, la autonomía de las empresas para regularse y estipular la prohibición de lazos familiares entre empleados.                                                             

Toda celebración contractual lleva implícito el agotamiento de etapas para tornarse exitosa. Podemos situarnos en este evento en la etapa que llamamos precontractual, para observar que los tratos preliminares tienen su grado de importancia, precisamente en lo que respecta a los daños y perjuicios que puedan causarse en el proceso contractual, con preponderancia en el ámbito laboral, por ser tuitivo o protegerse a la parte más débil.

Respecto de esto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente: “Es obvio que en caso de aceptación, todos los actos, tratos o conversaciones preliminares llevados a cabo con el fin de perfeccionar el acuerdo de voluntades, en un momento dado resultaría trascendental; no solo para desentrañar la verdadera intención de las partes, sino para ver cuáles fueron las reglas de juego, inclusive jurídicas, a las que se iban a someter (…)”

Como deberes inherentes al principio de buena fe, tenemos, entre otros, el deber de informar, que, aplicado a la circunstancia, imponía la obligación de la compañía de suministrar detalles como la prohibición de la que hemos hablado. La violación de estos deberes tiene como consecuencia el cometido de reparar los perjuicios que se hayan causado.

El principio de buena fe, además, obliga a las partes a que, viéndose imposibilitadas para contratar, como clara manifestación de la libertad contractual, no generen falsas expectativas en torno de la celebración de un contrato que nunca se perfeccionará.

Ante la colisión del principio de la buena fe con la autonomía de las empresas para regularse, debemos establecer una  ponderación entre ellos en la que estudiemos, a través del principio de proporcionalidad, el que sea adecuado e idóneo para respetar un fin constitucional; segundo, necesario; tercero, que el principio a aplicar tenga “más peso” que los otros principios enfrentados.

En nuestra opinión ese principio correspondería a la buena fe, protegiendo los intereses de una persona que se ve disminuida patrimonialmente en un empobrecimiento que no tiene el deber jurídico de soportar, frente a una potestad dominante que no cumplió con su deber de informar y lesionó de este modo la relación precontractual.

*Estudiante de Derecho X Semestre-Universidad de Cartagena

jocenoel@hotmail.com

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