No son miles. Son millones de colombianos los que hoy padecen los efectos del cambio climático que experimenta el mundo. El cruento invierno, precedido sin espacio de tiempo por los devastadores efectos del fenómeno de la Niña, ha destruido miles de viviendas adicionales, miles de hectáreas productivas, la muerte de muchos animales, la pérdida de cosechas y productos agropecuarios y el deterioro de una vieja red vial. El Ideam lo había advertido: este invierno, que culminará en junio, será aún más fuerte. También ha notificado que estos serán cada vez más recurrentes. A pesar de ello, Colombia sigue padeciendo la tragedia grave de la indiferencia de las entidades encargadas de prevenir los efectos de tales fenómenos y del afán clientelista en las mismas y en los gobiernos locales.
Son problemas que nacieron con las mismas Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. La Constitución del 91 le entrega expresamente al Congreso la función de reglamentar la creación y funcionamiento de estas entidades dentro de un régimen de autonomía (Art 150-7). Boquete que fue aprovechado para que en la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones), se incluyera la naturaleza jurídica y los órganos de dirección y administración de las CAR (la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, y el Director General), todos bajo una óptica netamente burocrática.
En la conformación de este engranaje de la política ambiental colombiana se refundió, infortunadamente, el principio de que las CAR tenían jurisdicción sobre territorios que conformaban un ecosistema o tenían unidad hidrogeográfica, para darle paso al concepto territorial (divipola), rompiéndose el concepto de unidad de las cuencas hidrográficas. En otras palabras, la politiquería pudo más que los principios ambientales, y se crearon las 15 nuevas entidades cuyos nombres, estoy seguro, nadie conoce, completándose un total de 33 CAR.
Supongamos, en aras del debate, que se requiere tanto Estado como el tamaño de los problemas a resolver. Indiscutiblemente la dimensión de las tragedias nos dice que eso no es así. ¿Tienen las CAR responsabilidad directa por no haber obrado con la diligencia y oportunidad? La respuesta es SÍ, en razón a las funciones que debían cumplir de acuerdo con la Ley 99 de 1993.
Las inundaciones en la Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, como lo señala Fedegán, se debieron a la descoordinación, negligencia e imprevisión de las CAR. No sería extraño que un evento similar ocurra con la represa de Urrá, que hasta el momento de escribir estas líneas no se había regulado su capacidad en previsión de las lluvias que caerán en la región próximamente, y que en años anteriores la negligencia causó graves estragos.
*Presidente ejecutivo de Fedegán
jflafaurie@yahoo.com
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