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Cien años de una acción pública

El próximo 31 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de la acción pública de inconstitucionalidad. Desde 1910, los colombianos pueden demandar ante la Corte –antes la Suprema y ahora la Constitucional- cualquier norma que consideren contraria a la Constitución.

Aprovecho la efeméride para explicar las razones que motivaron la creación de esa acción, y referirme a los propósitos que han animado a muchos ciudadanos a utilizarla durante el centenario de su existencia.
La acción pública fue creada en 1910 con el objetivo de garantizar la paz entre los partidos políticos y ampliar los espacios democráticos de la vida nacional. Se quería que la acción sirviera de mecanismo para que los actores políticos de la época ventilaran sus desacuerdos por las vías institucionales. Se pretendía que los miembros de los partidos liberal y conservador pudieran acudir a la acción cuando consideraran que su adversario tomaba desde el Gobierno medidas injustas y antidemocráticas que disminuían sus posibilidades de competir por el poder. Con la creación de un mecanismo de discusión institucional se pretendió cerrarle la puerta a la costumbre inveterada de iniciar una confrontación bélica tan pronto afloraba una controversia pública.
El constituyente pensó que en el evento de que se expidiera una ley electoral injusta, que le diera ventajas a alguno de los partidos sobre el otro, o que se restringiera la libertad de prensa mediante decreto, debía permitírsele a la agrupación política afectada con la medida demandarla ante un tercero neutral (la Corte), en vez de acudir a las vías de hecho.
Lo sorprendente es que la acción una vez creada fue utilizada con objetivos muy distintos: se convirtió en un mecanismo eficaz por medio del cual la naciente clase empresarial controvertía las regulaciones legales que el Estado hacia de sus actividades económicas.
Los empresarios utilizaron este nuevo espacio institucional para manifestar su desacuerdo con leyes y decretos que a su juicio excedían el margen de intervención permitido por la Constitución, que hacían más onerosas sus actividades económicas sin razones legítimas, o que variaban los términos definidos con el Estado en contratos estatales de concesión. La acción que nació para lograr la paz política y electoral, sirvió como un medio expedito para la defensa de derechos privados.
Hoy, poco o nada queda de la acción abstracta, de corte republicano, pensada para que los ciudadanos pidan la expulsión del sistema jurídico de una norma contraria a la Constitución, sin que les asista un interés personal para hacerlo. Ahora, las decisiones más polémicas de la Corte Constitucional responden a demandas presentadas por grupos de interés que persiguen resultados concretos, y que, además, previamente han estudiado la argumentación jurídica capaz de persuadir a los magistrados.
La acción que los manuales de derecho presentan como impersonal y abstracta, es tal vez la generadora de decisiones más controversiales acerca del aborto, la eutanasia, los derechos de homosexuales, etc. Lo que en ningún caso quiere decir que haya dejado de ser el instrumento institucional por excelencia para que los ciudadanos hagan respetar el orden constitucional. Nuestra democracia le debe mucho a esta acción.

*Abogado y Filósofo

tiradojorge@hotmail.com

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