En Colombia, las formas de gobernar en lo local han ido variando para acercarse más al juego democrático. De gobiernos autoritarios con relaciones jerárquicas donde el poder sólo fluía de arriba hacia abajo, se ha transitado a una gestión más horizontal del poder, en la que las autoridades electas popularmente cogestionan y administran la ciudad con otros actores sociales públicos y privados. Algunos estudiosos llamarían “gobernanza” a esa relación de cooperación que redefine la relación Estado-sociedad, donde prima la cooperación entre las instituciones y los actores públicos y privados, con el fin de lograr fines colectivos.
Esta forma de gobernar fue potenciada por la descentralización y la Constitución Política de 1991, en parte por las funciones de cogestión de lo público que se otorgaron a los concejos municipales en articulación con las del Alcalde, pero también con el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana y contrapesos entre los poderes públicos.
En lo local hemos presenciado recientemente el empoderamiento de los concejos municipales a partir del control político de los planes de desarrollo y de la gestión de las administraciones distritales. También se han abierto espacios que la sociedad civil para bien ha capitalizado, como los consejos de planeación y los consejos de política social. El uso de estos espacios da sentido a nuestra débil democracia y permite lograr mínimos de cooperación y colaboración para hacer viables las políticas gubernamentales.
Pero ese ideal de la cooperación se ha deformado. Los hechos políticos han demostrado que el exceso de “cooperación” muchas veces resulta en componendas políticas y acuerdos bajo la mesa que favorecen a unos pocos, que terminan quebrando las relaciones entre los actores públicos, los privados y la sociedad civil, y que puede llevar al estancamiento y a la atrofia de la administración pública. No se trata tampoco de usar el discurso democrático de la inclusión y participación para que sólo selectos grupos políticos participen del Gobierno. Nada más alejado de la realidad.
¿El resultado? Se enfrentan los actores políticos, no arrancan los programas de gobierno, tampoco se implementan las políticas públicas y la ciudadanía pierde la confianza en sus gobernantes electos.
En Cartagena estamos yendo al extremo de la mal entendida “cooperación” y, en ese sentido, de una gobernanza deformada. Pero, ¿cómo logramos una ciudad viable en términos de gobernanza, en medio de relaciones de desconfianza entre los actores políticos, y entre éstos y la sociedad civil? ¿Y entre todos los anteriores y la ciudadanía? Por mencionar sólo un caso, ¿cómo logramos que Concejo y Alcalde cooperen en función del beneficio público? La respuesta está lejos de ser resuelta, más aún cuando existen debilidades institucionales marcadas por una relación muy poco clara entre corporaciones públicas y dignatarios, donde los acuerdos tradicionalmente han pasado por el reparto burocrático.
Cambiar esta realidad es una tarea que requiere el compromiso de todos, pero mientras lo logramos debemos procurar hacer viable nuestra ciudad. Necesitamos para ello gobernantes y actores políticos con agendas públicas claras y transparentes, que generen confianza en la ciudadanía y permitan un mínimo nivel de cooperación, en función de hacer efectiva la acción pública. ¿Será que es mucho pedir?
*Profesora del programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UTB
mmadero@unitecnologica.edu.co
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