Concesiones y espacio público

Algunos funcionarios del Distrito de Cartagena proponen dar en concesión espacios públicos como solución a la pesadilla de la ocupación arbitraria de áreas públicas por parte de los particulares y, como añagaza para inclinar la favorabilidad hacia la idea, se anticipa que el Distrito de Cartagena percibiría por ese concepto miles de millones anuales. Les abono su buena fe y sus ganas de mejorar la ciudad.
La propuesta significa el reconocimiento de la ineptitud de la autoridad para preservar el espacio público para el goce de todos los habitantes. Si bien es cierto que en muchos casos puede resultar benéfica la entrega de espacios públicos a particulares para su explotación en función pública y así evitar que se pierdan, en las más de las situaciones lo que ocurre es que la autoridad no funciona, por favoritismos o por negligencia, vale decir por corrupción.
Así es patente en lo concerniente a zonas de aparcamiento de vehículos. En el sector de Las Bóvedas de San Diego, por ejemplo, hay casi permanente presencia de policías nacionales y de tránsito, para el específico fin de preservar los espacios de parqueo y calles para uso exclusivo de determinadas personas y para proteger el estacionamiento de otros vehículos, en especial de bienaventurados empresarios de transporte turístico, en zonas de prohibido aparcamiento. La autoridad despliega su poder para garantizar que se viole la Constitución y se deniegue igual tratamiento a todas las personas, y para asegurar que algunos privilegiados pueden quebrantar las normas de tránsito en cuanto a aparcamiento.
Otro tanto ocurre en el tramo aledaño a la muralla, de la Calle de Baloco al Hotel Santa Teresa. Es transitable para sólo algunos escogidos que, además, tienen el derecho, negado a la comunidad, de parquear allí sus vehículos.
Desde luego, un billete del Banco de la República puede levantar las talanqueras, tal como ocurre en otros sitios, peatonalizados para el ingenuo y sano ciudadano, pero no para quien pague al policía de turno o para quien tenga entre las autoridades amigo que le dispense cédula de privilegiado. Y de esta guisa, podría señalar tantos ejemplos, como los domingos en la Calle del Pedregal o todos los días en las calles del Porvenir y Sargento Mayor, que agotaría muchas columnas de este periódico.
Claro que, la Calle Panamá, sigue siendo el céntrico prototipo del caos que goza del consentimiento activo de la autoridad.
En cuanto a las ventas en aceras, calles, áreas verdes y parques el fenómeno es más protuberante. Cada día aparece en sitio nuevo un ocupante que se deja residenciar allí para que luego pueda hablar de confianza legítima y recibir un pago o adquirir un derecho de uso sobre el espacio de que se priva al ciudadano. Otra vez, la autoridad deja de funcionar. Y algunos vendedores reciben pago por irse y orondos aparecen en otro sitio para reclamar nueva paga.
El problema tiene su raíz en el ejercicio pervertido de la autoridad y no se resuelve con elucubrar fórmulas rentísticas que priven al ciudadano de sus derechos. Aún con concesiones, es fundamental la presencia de una autoridad seria y decidida a cumplir la ley. Y de eso carecemos años ha.

*Abogado – Docente Unisinú - Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com