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Conciliación en entidades públicas

La conciliación prejudicial es un mecanismo alternativo de resolución pacífica de conflictos estatales cuyo objetivo intrínseco, desde sus primeras apariciones a partir de la ley 23 de 1991, es el de evitar las numerosas confrontaciones litigiosas que no hacen más que congestionar el aparato jurisdiccional, esto además por la tan propagada cultura del pleito en el país.

Hoy en día, el Código de Procedimiento Administrativo en su artículo 161 la enmarca como un requisito procesal necesario para poder instaurar demanda administrativa, siendo el Decreto 1716 del 2009 el que pacta su obligatoriedad, prohibición y voluntariedad en asuntos expresamente señalados.

Sin embargo, la cuestión aquí esta inclinada hacia la actitud que están tomando los comités de conciliación de las entidades del Estado frente a la conciliación prejudicial, pues son éstos quienes debaten las pretensiones de las solicitudes y deciden si conciliarlas o no.

Dichos comités han tomado el infructífero habito de certificar no tener ánimo conciliatorio, por razones usualmente superfluas que no indican más que la comodidad estatal, resuelvas mismas que eventualmente quedarían desechas por sentencias condenatorias en contra de dichas entidades en casos donde se les atribuya responsabilidad dentro de un proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, si la esencia misma de la conciliación es precisamente evitar aquellos enfrentamientos contenciosos que desgastan en cuerpo, alma y bolsillo a las partes en conflicto, mi pregunta es ¿comités, por qué no están conciliando si a futuro podrían tener todas las de perder? Y es que además estamos hablando de entes a quienes por mandato constitucional y en virtud del tan célebre contrato social de Rousseau se les ha encomendado nuestra salvaguardia, entonces que sean ellos los primeros en reconocer sus faltas.

Con esta actitud casi que pancista, la conciliación prejudicial ha venido perdiendo su atributo natural por excelencia, que es la alternatividad a la hora de hacer reclamaciones estatales, desviándonos un poco de la vía judicial para acogernos a un corto, dinámico y efectivo mecanismo menos litigante, disminuyendo la agobiante congestión existente hoy en casi todos los estrados judiciales del país, y así concebir una cultura conciliatoria que propicie seguridad jurídica a los ciudadanos, genere ahorros presupuestales y haga efectiva la administración de justicia.

La Procuraduría General de la Nación, como agencia encargada de manejar la conciliación prejudicial, junto con el Congreso de la República, conscientes de esta lamentable situación, han unido esfuerzos para combatirla en diversas intervenciones, exhortando con frecuencia a las entidades públicas y a sus respectivos comités a vitalizar la conciliación prejudicial como una vía alterna a la solución de conflictos, y que proyecte la expresión “no tenemos ánimo conciliatorio” hacia un pasado administrativo indolente.



*Estudiante de 7° Semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena.



carrillortiz@hotmail.com

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La estrategia litigiosa de la

La estrategia litigiosa de la administracion publica (al menos local y a todas las escalas -y ni se diga el DATT-.) es: "la pelea es peleando"; se gana o pierde por agotamiento del contrario. Son absurdos e igual son las ESP o los bancos.