Los partidos del gobierno de unidad, autodenominados uribistas y santistas, no cesarán su agresión y métodos de exclusión del pueblo. Sus aliados estratégicos, propietarios de los medios de producción, comercio, banca privada, y los de familias de abolengo y la pequeña burguesía, instigan el conflicto interno. Feriaron las empresas rentables del Estado y los recursos naturales a las empresas multinacionales, adecuándoles la legislación a su favor. Modifican la CP de 1991 a su antojo, es decir, autolegislan, diseñan e implementan nuevas formas de marginamiento, explotación, estigmatización política y señalización judicial de quienes se les opongan. No es posible que en un país con 44 millones de habitantes, una casta política aristocrática y capitalista menor del 1%, representada en unas cuantas familias, sigan conduciendo a la nación a su descalabro político y social. Pero ellos imponen gobernantes para su beneficio. Hacemos una propuesta de cara a la nación, que alberga la esperanza de brindarles un futuro a las nuevas generaciones. Es inaplazable una campaña que incentive mesas sectoriales en donde se discuta activamente la génesis de la crisis y se planteen posturas directas entre opresores y oprimidos. Es un imperativo que el Gobierno y el pueblo colombiano reconozcan la existencia del conflicto social y armado que ha desangrado al país. Que sienten a los grandes capitalistas, de manera autocrítica acepten su cuota de responsabilidad en la desigualdad social, política y económica que ha generado el conflicto interno y la crisis humanitaria, y de cara al país, aporten una salida política y negociada del mismo. El conflicto interno es el producto de las desigualdades sociales, políticas y económicas impuestas por los sectores que han usufructuado el poder. El aparato judicial no puede seguir siendo utilizado por el Estado como un instrumento de represión. Éste debe lograr su autonomía e independencia, ser dotado de nuevas herramientas que permitan dignificar su aplicación, y la justicia para el pueblo. El Estado colombiano debe llevar ante la Corte Penal Internacional a los servidores públicos autores materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad que sigan en la impunidad. Proponemos un acto legislativo que establezca la cadena perpetua e iniciar procesos de confiscación de bienes muebles e inmuebles, de cuentas bancarias en Colombia y el exterior a todo el que se haya enriquecido con el erario, a manera de resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Debería ser política de Estado prohibir fiestas patronales, carnavales y reinados, cuando se vive una emergencia social en las comunidades pobres, como las crecientes en pueblos ribereños de la región Caribe e inundaciones en barrios pobres de Cartagena, empezando por el Concurso Nacional de Belleza. No seguir tolerando que a los ricos que cometen delitos se les premie con nombramientos en el exterior, casa por cárcel y aspiraciones políticas. La propuesta del Congreso de los pueblos, de construir una plataforma orbital, proporciona una herramienta para iniciar este proceso de globalización de las resistencias, que nos permita encadenarnos con otros pueblos en el mundo, para que los ricos no utilicen el Estado para hacer al país más inequitativo. *CUT BOLÍVAR cutbolivar@gmail.com
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()