Colombia ha intentado diseñar una estructura estatal que le permita tener una administración pública eficiente y alejada de la influencia política y partidista. Se ha querido separar la política de la ejecución e implementación de las acciones de gobierno, para que los políticos sean los protagonistas del debate ideológico electoral, en tanto que sea una burocracia profesionalizada la que atienda las funciones públicas del Estado.
Pero no, el Estado colombiano continúa siendo un aparato politizado, ineficiente, antitécnico, con mucha corrupción. La política tiene el poder de incidir en el nombramiento de los funcionarios públicos de la rama ejecutiva, sin que en la escogencia de éstos primen criterios de meritocracia e idoneidad. Lo más grave es que muchas veces se invierten los recursos públicos en proyectos que favorecen al electorado de un congresista, ignorando que el gasto público debe sujetarse al orden de prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Debido a los problemas descritos, la Constitución Política de 1991 copió de Estados Unidos la figura de la “agencia independiente” bajo el nombre de “órganos constitucionales autónomos”. Suelen ser organismos altamente técnicos y especializados, encargados de regular una actividad económica específica, independientes de la rama ejecutiva, para impedir la subordinación de sus miembros al Presidente de la República, y dotados de un carácter técnico ajeno a toda injerencia política en sus decisiones.
De igual forma, la Constitución dispuso que esos organismos tuvieran pluralidad de miembros, que varias entidades –estatales y privadas- participaran en su elección y que tuvieran períodos fijos para garantizar su estabilidad. Estableció varios organismos autónomos, entre ellos el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y las comisiones reguladoras de servicios públicos domiciliarios. Ahora, cuando se cumplen 20 de años de la expedición de la Carta, considero que Colombia no ha logrado su objetivo centenario de profesionalizar su burocracia e independizarla de la dirigencia política.
Es más, esos organismos tienen problemas graves, ya que en ocasiones son capturados por los intereses de los agentes económicos a quienes deben regular y controlar; o por los políticos que sirven de intermediarios a esos mismos intereses; lo que permite a grupos de presión condicionar las decisiones de esos entes y alinearlas con sus intereses gremiales. Además, esos entes muchas veces no definen su política regulatoria en forma autónoma, sino que el Gobierno Nacional la condiciona y modifica por el poder enorme de ejecución presupuestal que tiene.
Por ello, se necesita un marco constitucional que garantice que en las decisiones públicas no primen los grupos de interés sino el bienestar de la comunidad; lo que requiere que en la estructura estatal prime la selección de funcionarios públicos por méritos y no por criterios políticos; y que exista la separación entre la administración pública y la política. Se necesita una administración eficiente y racional, que actúe con criterios técnicos, pues la Contraloría certifica que el Estado pierde 10 billones de pesos anuales por ineficiencia administrativa y corrupción.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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