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Consultorios jurídicos y acceso a la justicia

En el país la atención a los derechos fun-damentales es difícil a pesar de la garantía nominal que asume la Constitución. Un ejemplo claro: la salud. Aunque inherente al ser humano -considerado así desde el 2008 luego de la evolución de su línea jurispruden-cial- nunca antes sufrió tantos escollos para su aplicación.

Si así ocurre con ese derecho, que con el de la vida conforma el súmmum de los que debe avalar el Estado, ¿qué se podría esperar de otros también importantes para el bienes-tar general, tradicionalmente soslayados?

El panorama no es el ideal en el caso del derecho al acceso a la justicia, entendido co-mo la facultad de todos para poner en marcha el aparato jurisdiccional sin ningún tipo de distinción con el objeto de que le resuelva un conflicto.

Para lograr los fines del estado social de derecho, la Constitución bautizó a la justicia como “función pública” y consagró su acceso en el artículo 229 en coherencia con la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la cual, incluso, es una garantía de los derechos económicos, sociales y cultu-rales que debe comprometer a los estados a remover los obstáculos -especialmente eco-nómicos- que se puedan presentar a su paso so pena de incurrir en discriminación.

En un estado con alto índice de pobreza, las limitantes económicas no deben ser óbice para el acceso adecuado a esta función públi-ca. La CIDH en la Opinión Consultiva 18/03 reafirmó el “deber estatal de proveer servicios de asistencia jurídica gratuita” para personas de escasos o nulos recursos econó-micos.

Desde 1971 el Decreto 196 de 1971 -modificado por la ley 583 de 2000- obligó a las Universidades con Facultades de Derecho a crear Consultorios Jurídicos para abrir espa-cios de prácticas y atención comunitaria en lo que toca con el derecho comentado, bauti-zando a sus estudiantes como “abogados de pobres”. Ellos son entonces, conjuntamente con sus profesores asesores y sin perjuicio de otras entidades involucradas como la Defen-soría del Pueblo, pieza fundamental en el en-granaje que intenta garantizar el acceso a la justicia de los menos favorecidos a pesar del desdén con el que muchos sectores -incluyendo las mismas instituciones educati-vas y en veces la rama judicial- observan su labor titánica.

Desde su inauguración en 1997, el Con-sultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura ha asesorado más de 20 mil usuarios, y judiciali-zado cerca de 2 mil asuntos, sin contar las miles de conciliaciones tramitadas.

A pesar del aporte de la academia y otros sectores en la garantía del acceso a la justicia, el Estado y el sector privado deben otorgar mayor consideración a este indicador de bie-nestar social teniendo en cuenta los índices de pobreza multidimensional altos que el De-partamento Nacional de Planeación ha re-portado, sobre todo en la región Caribe.

Posdata: Cuidado con los precios en los almacenes. En caso de discrepancia entre el precio ofertado y el que muestra el cajero, se debe cobrar el más bajo. Nos hemos llevado varias experiencias desagradables en un alma-cén de cadena de un centro comercial vecino de El Universal. Y no hemos sido los únicos.



*Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad de San Buenaven-tura-Cartagena.



ckafury@gmail.com

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