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Coomeva y la tramitomanía

La  expedición de  normas anti trámites  en Colombia es la demostración más clara de lo dañina que es la cultura del papeleo; pero ella no ha sido suficiente para que entidades públicas y privadas persistan en establecer pasos ineficientes que ocasionan grandes incomodidades a la comunidad.

Por cuenta de la tramitomanía, se considera normal que una cuenta por cobrar sea devuelta en la última fase de su gestión porque le faltó una coma; que su pago se cumpla en un plazo no menor de seis meses, que un nombramiento se cancele por falta de una firma autenticada, o que una crucial cirugía se suspenda por faltar la firma de un funcionario que está de permiso, por ejemplo.

A las entidades de gobierno se les señala como proclives a ese tipo de gestiones que conllevan a largas filas, colección de firmas, infinidad de citas y por supuesto, al riesgo latente de coimas o dádivas como alternativa para acortar el trámite. No obstante, algunas organizaciones privadas incurren frecuentemente en tales prácticas. Los usuarios desesperados no entienden cuál es la utilidad de tantas complicaciones inventadas.

El exceso de trámites es incómodo para cualquier procedimiento, pero cuando se trata de asuntos relacionados con la salud, sobreviene entre los afectados una carga emotiva que se traduce en impotencia e indignación. Los usuarios de varias EPS en la ciudad son testigos atormentados de tales episodios.

Aunque sería interminable la lista de casos que pueden ejemplificar los trámites absurdos que imponen esas organizaciones responsables de la atención en salud  a quienes reciben o padecen sus servicios, soy testigo cercano del siguiente  caso:

Una paciente de la tercera edad recibe de COOMEVA una orden de servicio para una ecografía. Tras esperar largos días acude a la cita, pero extravió el papel que autoriza el examen, por lo que el laboratorio se niega a hacerlo. Confiada en que la EPS lleva el registro digital de todas sus actuaciones, la señora regresa para pedir una copia y poder solucionar el impase.

Lo que no se esperaba la octogenaria paciente es que con la pérdida del “papelito” vendría un trámite más complejo que la asignación de la cita. COOMEVA le impone (al parecer a manera de sanción) que debe instaurar denuncia pública en una inspección de policía, como si se tratara de un documento valor irremplazable, para luego estudiar el caso y decidir si acepta emitir una nueva orden, en un nuevo proceso.

¿Qué sentido tiene generar un trámite adicional en una entidad del Estado, con las implicaciones en tiempo y recursos, para solucionar un asunto doméstico de la EPS?

¿Por qué someter a una paciente de esas condiciones a recorrer diferentes sectores de la ciudad en unas gestiones incómodas y poniendo en mayor riesgo su salud? Bastaría con verificar su número de afiliación y expedir de manera inmediata y prioritaria una copia de la orden de laboratorio, pero el sentido común no parece tan común.

En este caso COOMEVA no sólo desconoce normas anti trámites, sino que vulnera disposiciones legales que conceden a personas de la tercera edad atención especial y preferente. ¿Será que la conocida EPS exigirá desarrollar otro trámite para corregir ese trámite absurdo?

*Trabajador Social y Periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones.

germandanilo@hotmail.com

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