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Correa y la prensa

No hay una censura buena y una censura mala. Hay, simplemente, censura, la imponga un gobierno de izquierda o de derechas.

No hay una libertad de prensa que deba ser coartada por el poder y otra que deba discurrir con libertad. La libertad de prensa engloba las libertades de información y de opinión y nada es más peligroso para ambas que las amenazas desde el poder político o el poder económico.

La condena que obliga a pagar tres años de prisión y cuarenta (40) millones de dólares a los directivos de El Comercio de Quito, César y Nicolás Pérez, por haber publicado una columna “injuriosa” de Emilio Palacio,  sienta un precedente turbio. Reporteros Sin Fronteras ha expresado que "la decisión de la Corte Nacional de Justicia es ‘un verdadero estímulo a la censura, que podría muy bien afectar mañana a otros medios de comunicación’ ".

La condena es una decisión judicial de carácter político, inducida por el presidente de un país que se siente “injuriado” y pone a su servicio el aparato de justicia, que falla finalmente a su favor, imponiendo una pena ejemplarizante a los “reos.” Al criminalizar la información y la opinión, Correa ha trazado una peligrosa frontera entre lo permitido y lo prohibido, entre lo conveniente y lo inconveniente, entre la democracia y el autoritarismo.

A la desmesura de la condena se le añade un ingrediente siniestro: la intimidación. El fallo pasa así a ser una advertencia: no será la ley la que determine en adelante los límites de la libertad de prensa -límites que, en efecto, existen- sino el mayor o menor grado de susceptibilidad del presidente Correa, protagonista y beneficiario de tan disparatada condena.

Muchos periodistas le reprochamos al presidente Uribe sus frecuentes intromisiones en el periodismo y el señalamiento que hizo a periodistas adversos a su gobierno. Los límites que pretendía ponerle a la libertad de prensa eran en este caso de otra índole: los periodistas que no estaban de acuerdo con su gobierno eran señalados como colaboradores o auxiliadores de los terroristas, llamados en ocasiones “correa de transmisión” de las guerrillas.”

Correa ha ido más lejos. La separación de poderes que se pudo mantener en Colombia, y no precisamente por voluntad de su Presidente, parece estar desapareciendo en Ecuador. Y una muestra de ello es este fallo desproporcionado.  

La condena sigue siendo desproporcionada si se aceptan, incluso, los “excesos” en que pudieran haber incurrido los directivos de El Comercio y uno de sus columnistas: la libertad de prensa no limita con la prepotencia de un gobernante sino con el interés público, que no es monopolio de los gobernantes ni los poderosos.

Está también en juego el carácter político de la oposición. Una cosa es la conspiración desde la ilegalidad con instrumentos que amenazan la legitimidad del Estado, y otra muy distinta la lucha de ideas e interpretaciones del poder y la realidad hecha desde el periodismo. La judicialización de la crítica envía una señal intimidante a los medios y a la sociedad entera.



*Escritor



salypicante@gmail.com

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