Todavía no se sabe si los confesos corruptores se presentarán ante la justicia, pero sin duda es un avance su vinculación al proceso.
Sin embargo hay que recordar que el escándalo de los contratos en Bogotá es solo la punta del gigantesco iceberg de la corrupción que ya desbordó los límites y sus justas proporciones, como decía Turbay. Antes el contratista corrupto cargaba un sobreprecio a la obra (se dice que del 10 al 20%), que compartía con el funcionario público pero hacía la obra y la entregaba. Ahora se roban toda la plata y dejan los huecos y las obras a medio hacer.
La podredumbre es generalizada. Bogotá es el caso más publicitado, pero ahí están el Valle, Casanare, Arauca, Cesar y otros departamentos y municipios, y ni para qué hablar de entidades nacionales como el INCO, Invias o Estupefacientes, donde los contratistas privados han hecho fiesta.
Ante tamaña pandemia de corrupción no hay Fiscalía que alcance a perseguir a todos los corruptores, ni Procuraduría que pueda vigilar a tantos corruptos, ni Contraloría que pueda frenar el detrimento patrimonial que producen. Hacen un gran esfuerzo pero están desbordadas. Porque además de luchar contra los productos de la corrupción hay que atacar sus raíces, y en Colombia una de las principales es el sistema de contratación pública.
Todo el proceso de adjudicación de un contrato tiene huecos que permiten hacer trampa para apropiarse de recursos públicos. Desde la preparación de los pliegos de licitaciones hasta el manejo de las audiencias de adjudicación, pasando por la evaluación de los proponentes, en cada paso hay la posibilidad de interferencias para asignar el contrato al proponente que pagó por ello.
También el proceso de ejecución tiene errores de diseño, sobre todo en los contratos de concesión, donde la ampliación del plazo, reclamaciones o restablecimiento del equilibrio económico han sido utilizadas para esquilmar billones de pesos del erario. La legislación sobre concesiones en Colombia quedó desactualizada frente al desarrollo y las innovaciones en el uso de esta figura de asociación público privada.
Una debilidad grande del régimen de contratación es que los controles son a posteriori, cuando ya se ha consumado el fraude. En las licitaciones, es indispensable establecer controles desde la elaboración de los prepliegos porque allí el funcionario corrupto manipula las condiciones para favorecer al contratista corruptor.
Para disminuir estas prácticas, todos los prepliegos de licitaciones superiores a un monto determinado deberían ser revisados y aprobados por un organismo similar al Consejo para la Transparencia en Chile, ante el cual tienen la posibilidad de presentar sus quejas u observaciones todos los interesados, antes de que se abra la licitación.
En el campo de la transparencia, la experiencia chilena ha sido positiva y reconocida a nivel internacional. Información sobre el Consejo para la Transparencia se puede ver en el sitio web www.consejotransparencia.cl
macabrera99@hotmail.com
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