Colombia es campeona en innovar la justicia penal. En la Yidispolítica inventamos el cohecho onanista: Yidis y Teodolindo fueron condenados por vender su voto para la aprobación fraudulenta y dolosa de la primera reelección de Uribe, pero no condenaron a quienes los compraron.
Algo similar pasa con el grupo Nule: hay sobornos onanistas, funcionarios públicos condenados por recibir comisiones, y pronto serán condenados otros, pero quienes aceptan haberlas pagado para comprar las licitaciones multimillonarias y apropiarse de los recursos públicos, posan de víctimas y aún no tienen procesos penales.
Por la distorsión de valores, los colombianos rechazan y sancionan a los corruptos, pero toleran a los corruptores. En lugar del aforismo agustiniano de que es igual de culpable el que peca por la paga, que el que paga por pecar, aquí las pocas veces que actúa la justicia contra la corrupción, sancionan a los funcionarios públicos corruptos, pero hay impunidad para los que pagan por pecar, sean empresarios privados o ministros.
El proyecto de Estatuto Anticorrupción tiene algunos avances pequeños, al menos en la contratación pública al restringir contratar con el Estado a las empresas privadas inmersas en corrupción, así como a las que hayan financiado campañas políticas para presidentes, gobernadores o alcaldes.
La solución es incompleta porque debería cobijar a los que financien las campañas de congresistas, diputados y concejales, pero muchos congresistas que reciben plata de contratistas privados no legislarán contra sus intereses particulares. Ya varios parlamentarios, en su mayoría conservadores, se opusieron a varios artículos del Estatuto, ¿porque los afectan directamente?
La estrategia contra la corrupción debe ir mucho más allá del Estatuto propuesto. Este ataca las manifestaciones de la corrupción y aumenta las penas para algunos delitos, pero toca atacar los incentivos a la corrupción. Son dos frentes de trabajo: la reforma política y las normas sobre contratación pública.
En la política, 4 factores aumentaron la corrupción más allá de sus “justas proporciones”: la circunscripción nacional para el Senado, el voto preferente, la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la reelección presidencial.
La primera, porque elevó el costos de las campañas electorales, induciendo a los políticos a buscar recursos de cualquier origen, hasta ilícitos. El voto preferente convirtió a los partidos en la suma de barones electorales, cada uno con votos cautivos, que deben mantener con millones, que luego deben recuperar con contratos o puestos para sus financiadores.
La elección popular de mandatarios locales incrementó la democracia. Y descentralizó la corrupción, pero también la incrementó al coincidir con el incremento de los recursos administrados por los mandatarios locales por las regalías y el Sistema General de Participaciones. ¿Es posible fortalecer los entes de control regionales para disminuir este flagelo, o debe cambiarse el sistema de elección local, como lo planteó Daniel Samper?
La reelección siempre será fuente de corrupción cuando un mandatario nacional o regional pueda utilizar el erario para su propio beneficio, adjudicar contratos y repartir la burocracia oficial para comprar adeptos.
La contratación pública se quedó para una próxima ocasión.
macabrera99@hotmail.com
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