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CP de 1991, 20 años de injusticia

Es un mandato universal que los princi-pios y derechos fundamentales no se piden, se exige cumplirlos.

Lo primero que debe cumplir un manda-tario elegido democráticamente  en cualquier país del mundo es la Constitución Política.

Los presidentes de la República y sus go-biernos, al no enseñar desde hace 20 años a sus gobernados los 380 Artículos de la CP, han sido el mayor fraude por acción u omi-sión.

Otro falso +, es autolegislar, modificán-dola con los Actos Legislativos en pro de los intereses de las elites económicas y políticas.

El ejercicio de las libertades y derechos re-conocidos en la CP implica responsabilida-des.

En los 20 años de la CP de 1991, el mejor homenaje es pedirle ya al presidente Santos buscar el mecanismo más ágil para exigir a los futuros  concejales, diputados, JAL, alcaldes y gobernadores, Fuerza Pública, contralorías, fiscalías, una capacitación liderada por el alto gobierno y la Procuraduría sobre nuestra norma de normas.

Implantar el requisito de un certificado de la Procuraduría, de formación en la CP de 1991 a todos los servidores públicos, al tenor del ART 277. El Procurador General, él o sus delegados y agentes, tendrá las siguientes fun-ciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la CP, leyes, decisiones judiciales y actos administrativos.

Iniciar la participación obligatoria de los funcionarios públicos, en talleres y seminarios con ex magistrados de la CSJ y la Corte Constitucional, sobre los DESC, principios y derechos fundamentales.

Coordinar con los secretarios de Educa-ción y del Interior, que todos los docentes, estudiantes, miembros de JAC y las JAL, se les cumpla lo preceptuado como derecho fundamental en el ART- 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o priva-das, serán obligatorios el estudio de la Cons-titución y la Instrucción Cívica.

“Así mismo se fomentarán prácticas de-mocráticas para el aprendizaje de los princi-pios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Tenemos el deber como sociedad civil, exigirle al gobierno de  Santos,  Judith Pine-do, Alberto Bernal, hechos reales y no esta-dísticas, y no ser permisivos con los abusos de las multinacionales.

Cumplir con el mandato de nuestra CP que ordena:

ART- 4. “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones cons-titucionales”.

Es deber de los nacionales y de los ex-tranjeros en Colombia acatar la CN y las le-yes, y respetar y obedecer a las autoridades.

ART. 85. “Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40”.

ART- 92. “Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad com-petente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”.

Los colombianos clamamos por la aplica-ción de los principios y derechos fundamen-tales, los DESC, que garanticen una vida digna, empleo, salud, educación y vivienda.

Si se conocieran y usaran diariamente las herramientas constitucionales, sentencias de constitucionalidad, preceptos del mínimo vi-tal, confianza legítima, bloque de constitu-cionalidad, etc., tendríamos un país distinto.



*CUT BOLÍVAR   



cutbolivar@gmail.com

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