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Cruzada antitrámites

En Colombia es difícil ser buen ciudadano porque la administración crea obstáculos diarios para que las personas encuadren sus actividades en el marco de la ley.

El Presidente Santos anuncia una cruzada antitrámites. De seguro, el gobierno ha valorado las perniciosas consecuencias de la multiplicación de requisitos para cualquier actividad ciudadana, tales como la inmensa pérdida de tiempo para los necesitados de servicios oficiales, el desestímulo para emprender actividades productivas y la corrupción que se puede desatar detrás de cualquier exigencia de firma o sello oficial.

Empero, el escepticismo brota en torno al éxito de las leyes de simplificación de trámites cuando se examina el resultado de reglamentos anteriores. La supresión de la exigencia de autenticaciones en cualquier oficina pública se desobedece y nada pasa. En otras se exigen presentaciones personales y certificados de antecedentes que debe procurar la propia entidad pública y no el solicitante. En fin, cada empleado dicta su propio código y el inerme ciudadano no tiene más remedio que someterse o pagar para saltar la talanquera, y si ninguna de estas opciones le satisface pues, sencillo, desobedece la ley y se refugia en la informalidad.

El mal se ha extendido al sector privado. Algunas empresas de telefonía móvil se niegan a recibir solicitudes autenticadas y rechazan las gestiones que hagan mandatarios; otras  empresas exigen dos y tres firmas en una misma página, con otras tantas huellas digitales; las EPS someten a sus cotizantes a vueltas y esperas para brindarles el tratamiento médico o las medicinas; y qué decir de la exigencia de copia de la cédula en todas las actuaciones.

El sector privado no aplica en su esfera la celeridad y simplificación de trámites que demanda del sector público.

Los trámites innecesarios conducen a la corrupción y a la informalidad, aún en el sector privado. Resulta más barato pagar al funcionario para que reciba documentaciones, firme resoluciones o coloque sellos, que someterse a torturantes idas y venidas para satisfacer trámites innecesarios o absurdos. Para otros es más barato incumplir la ley para luego negociar con el funcionario que por esa violación lo extorsiona.

Por eso junto a la preocupación de supresión de trámites hay que consagrar sanciones eficaces para quienes inventan requisitos no contemplados en la ley, como, en el sector público, la pérdida del empleo para quien no resuelva en los plazos que señala la ley en cada caso o para quien exija trámites innecesarios. De lo contrario seguiremos con una guerrilla administrativa que impone sus desafueros, monta retenes y atiende al ciudadano cuando le place.

Construir ciudadanía y un país formal exige facilitar a todas las personas el cumplimiento de sus deberes y los mecanismos para hacer valer sus derechos; pero  hasta ahora pareciera que el sector oficial colombiano, en sus distintos niveles, tuviera otro concepto.

P.D. La céntrica y pequeña calle Panamá en la ciudad de Cartagena es un irrefutable certificado de desgobierno. Desaseo, ocupación de aceras y vías por vendedores estacionarios, elaboración y suministro de alimentos sin higiene, ruidos exagerados, parqueo desordenado y quién sabe qué más. Pareciera que ningún funcionario del Distrito transita por allí o que, si alguno lo hace, mira sólo al cielo.

*Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com

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