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CTA e intermediación laboral

Cuando la Ley 79 de 1988 creó las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) no lo hizo solamente para impulsar al sector solida-rio en Colombia, sino también como un ins-trumento de deslaboralización de la relación de trabajo, aspecto este que terminó convir-tiéndose en el eje de este tipo de organizacio-nes empresariales.

Indudablemente que los efectos que las CTA generaron en Colombia fueron nefastos para cientos de miles de trabajadores vincula-dos a través de esta forma de contratación, mediante la cual prestan los servicios con unos costos laborales que les permite a los dueños de la producción acumular mayores utilidades sobre la base de desconocerles des-de el pago del salario mínimo hasta el régi-men prestacional establecido en el Código Laboral.

Con esa oportunidad que el estado le dio a los empleadores de convertir a las Coopera-tivas de Trabajo Asociado en intermediarias laborales, no era de extrañar que en el año 2010 existieran más de quince mil cooperati-vas legales e ilegales funcionando por todo el territorio nacional.

Sectores enteros de la economía, como la Salud, quedaron bajo el amparo de esta mo-dalidad contractual, ungiendo al estado como patrocinador de las CTA. Así sucedió durante la liquidación de las ESES, cuando el Minis-tro de Protección Social de aquel entonces, Diego Palacio, autorizó a las entidades conce-sionarias para contratar a sus empleados a través de las CTA.

Así, fue el propio Estado el gestor y patro-cinador de la violación del orden constitucio-nal y legal del país durante más de diez años, en los que las CTA pelecharon, extendiéndo-se por todos los rincones del territorio patrio.

Durante los últimos años, cuando se dis-cutía el TLC con EE.UU., los congresistas Demócratas objetaron la ratificación del acuerdo esgrimiendo entre otras razones, que las CTA constituían una competencia desleal porque en Colombia a los trabajadores no se les reconocían ni se les pagaban los derechos laborales y por consiguiente el valor del pro-ducto local era menor que el real, desfavore-ciendo sus intereses económicos.

Resultó inconcebible que el Presidente Juan Manuel Santos, al firmar el acuerdo con Obama para que EE.UU. aprobara el TLC, se comprometiera a que las CTA dejaran de cumplir su función de intermediación labo-ral, sin hacerlo como resultado de una deci-sión autónoma de un gobierno soberano –como debió ser- sino por la imposición de una potencia extranjera.

Por esta razón, el 8 de junio del presente año se expidió el Decreto 2025 que prohibió la función de intermediación laboral de las CTA y estableció sanciones para las que sigan cumpliendo esas funciones y para los emplea-dores que promuevan o continúen con esas prácticas deslaboralizantes.  

A pesar de que han pasado más de tres meses de la expedición del decreto 2025, en Cartagena y en toda Colombia se sigue con-tratando a través de esta figura y la norma le-gal es, en gran parte, letra muerta, porque el Gobierno nacional no tiene la decisión jurí-dica ni política para que se cumpla realmente.

Lo cierto es que este episodio negro nunca debió haber sucedido de esta forma en la historia de un país que se autodenomina “es-tado social de derecho y democrático”.



*Asesor Jurídico Laboral Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura.

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