Duelen las agresiones físicas y morales de miembros del pueblo Nasa contra los soldados en Toribío. Es el ataque más duro que ha recibido el Ejército desde la sociedad civil y, más grave, de una etnia especialmente protegida por nuestros uniformados. Como si no fuera suficiente la orfandad que les prodiga esta ingrata sociedad y el trato en los estrados judiciales, nuestros militares debían ser humillados, para mañana exigirles su vida a cambio de nuestra seguridad. Vergonzoso, ahora que el crimen volvió a las primeras planas y ya no preguntamos cuánto avanzamos, sino cuánto retrocedimos.
¿Cuánto de la reciente escalada de violencia se debe a las estrategias de los grupos armados y cuánto al “desaliento” en nuestra Fuerza Pública, víctima del asedio jurídico e ideológico de los enemigos de la paz, o lo que es igual, de los amigos de la impunidad y los despejes? Los mismos que hicieron juego a las ONG extranjeras para aprobar el Marco Jurídico para la Paz, pero congelaron el Fuero Penal Militar.
Un malestar social está subiendo como espuma, tanto como el abatimiento en la tropa. Una realidad que tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia y la siniestra credibilidad que están ganando en los estrados judiciales quienes fueran victimarios. Mientras que desde una orilla, las alianzas criminales suman el producido de las crecientes extorsiones, secuestros y asesinatos –con peligroso subregistro oficial–, desde de la otra empapelan a nuestros militares con ayuda de aliados en la “legalidad”.
La estrategia, quizá menos efectista que la de Toribío pero sí más segura para frenar a la tropa y su moral, ha generado 1.486 investigaciones por los mal llamados “falsos positivos”, muchas asociadas con la estrategia militar de combate al narcoterrorismo en una nación en guerra. Un atenuante que legitima la actuación de nuestros hombres y su derecho constitucional a un fuero especialísimo, por la muy exigente función de contener la violencia y proteger la vida de los colombianos.
Son mandatos que el pueblo Nasa ha puesto a tambalear, al negar el ejercicio de la soberanía del Estado en sus resguardos. Aunque creo que lo que está ocurriendo en Cauca es parte de la inocultable retoma del control territorial de los narcoterroristas para el cultivo y tráfico de narcóticos y secuestrados. Así ha ocurrido en otras regiones.
Entre tanto, 441 uniformados ya recibieron sentencias, muchas injustas, alejadas del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa técnica. Aunque miles están en espera, dispuestos a aceptar las penas con tal de poner punto final al escarnio suyo y de sus familias. Además, siguen cayendo muertos o heridos en el campo de batalla –24.834 en la última década–, sin que haya un solo responsable en las filas enemigas por estos hechos.
Erigir un verdadero Fuero Penal Militar se ha convertido en una obligación para nuestros legisladores. Pero mientras se produce el trámite de la ley estatutaria –que debe refrendar la Corte Constitucional–, es deber del Gobierno habilitar una salida al convenio que se firmó con la Fiscalía y que hoy tiene a nuestras Fuerzas Armadas en la picota. Les debemos ese reconocimiento. Un sentimiento que creo que todos los colombianos compartimos, luego del trato que recibieron en el Cauca.
* Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
@jflafaurie
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