El único monopolio bueno es el juego de mesa de ese nombre, con su compra y arriendo de propiedades, cartas de “casualidad” y cárcel sin hacinamiento; además es el único monopolio que regala plata, los $200 que se cobran cada vez que se pasa por “salida”. Todos los demás son, como los cigarrillos, malos para la salud, y cuando son inevitables deben ser muy vigilados y regulados por el Estado.
Es importante que en la próxima subasta para asignar la franja del espectro electromagnético para la nueva tecnología de Internet móvil (4G) el gobierno imponga condiciones que impidan consolidar el cuasi monopolio de Claro-Comcel en el mercado de telecomunicaciones. Más aún, la subasta permite debilitar esa posición dominante y que haya más competencia para beneficio de los usuarios.
No es solo la opinión de unos cuantos analistas. Es un imperativo legal. Nuestra Constitución dice que “el espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.” (Art. 75).
Tampoco es una opinión de socialistas nostálgicos para acabar con el mercado libre. En los EE.UU., capitalista por excelencia, tomaron medidas radicales contra los monopolios: hasta 1984 la compañía AT&T controlaba casi toda la telefonía local y de larga distancia, y en ese año, bajo el gobierno Reagan, se le ordenó dividirse en 7 compañías regionales, independientes y con diferentes dueños.
El resultado fue muy bueno para los consumidores. Entraron nuevos operadores, se incrementó la competencia, bajaron las tarifas y se desarrollaron nuevos servicios. Es como si acá a Claro se la obligará a dividirse y vender parte de su operación a otros operadores.
En Colombia, desde los 90 la política oficial ha sido muy proactiva y eficiente en acabar los monopolios regionales que tenían en las telecomunicaciones las empresas públicas de las respectivas ciudades, y el de la antigua Telecom a nivel nacional. Eso ha sido bueno para los usuarios.
Pero esa política también estuvo influenciada por la ideología neoliberal de reducir el Estado y acabar con las empresas públicas, y se tomaron medidas desatinadas con privilegios injustificados para los operadores privados y redujeron el valor del patrimonio público.
En 1998 para que ETB y EPM pudieran ofrecer larga distancia tuvieron que pagar 150 millones dólares cada una por la licencia; en el 2003 el gobierno le dio gratis la licencia a Comcel y Movistar para que fueran operadores nacionales con el 03. Luego en el 2004 el Gobierno le otorgó a Comcel, de manera gratuita y sin subasta, una franja adicional del espectro, para ampliar sus servicios.
Otra ayuda a operadores privados fue usar recursos del presupuesto nacional para capitalizar a Coltel, empresa en la que es mayoritaria la española Telefónica, que así fortaleció su posición para competir con empresas públicas como ETB, UNE y Emcali.
Por estos errores de política, la conveniente ruptura del monopolio público en telecomunicaciones (que era solo regional) llevó a un monopolio privado nacional. En la subasta de 4G el gobierno puede compensar esos errores, prefiriendo a las empresas públicas para que se fortalezcan y puedan competir contra el monopolio.
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