De Sigifredo y otros

Ante un país incrédulo, el Fiscal General Eduardo Montealegre anunció la detención de Sigifredo López por estar probado su comprometimiento en el secuestro y posterior asesinato de una docena de sus compañeros de diputación en el Valle del Cauca. Tan descabellada parecía la imputación que ni los deudos de los sacrificados le prestaron crédito. Las evidencias que dijo tener el obstinado Fiscal se desvanecieron hasta el punto en que debió conocer su error, causa de tremendo daño moral al implicado y a su familia.
El caso no está cerrado y, dentro de lo posible, cabe que Sigifredo pueda ser imputado mañana por ese mismo hecho en virtud de que se recolecten, entonces sí, elementos serios que permitan formar la convicción de su culpabilidad. Por ahora, es inocente, como debió presumírsele en todo tiempo, cuando la investigación de su caso estaba dirigida por un Fiscal que se precia de bien formado constitucionalista y que fue magistrado de la Corte Constitucional por varios años.
De lo vivido hasta ahora son muchas las lecciones que deben extraerse y aprovecharse. La primera es que la función de un Fiscal General no es una tarea propagandística y de figuración. Colombia necesita un fiscal general discreto, ponderado y veraz. Buena parte del desprestigio de la Fiscalía se debe a la garrulería de quienes han ejercido altos cargos en ella. Compiten en lujuria de prensa, a costa del ciudadano inerme. Falta sensatez en el manejo de la información en torno a los casos que se manejan, muchos de ellos delicados, y en que la honra de las personas es pisoteada sin miramiento.
El apresuramiento por producir “noticias”, soltar “primicias” y, en general, el ejercer la Fiscalía en busca de titulares son obstáculos serios para que exista justicia imparcial y creíble. Basta observar que en frecuentes casos el único respaldo de la acusación es el dicho de facinerosos, validado por cortes, tribunales, jueces y fiscales ávidos de condenar por motivaciones políticas u otras causas ni santas ni jurídicas.
Disponer de la libertad ajena es asunto demasiado delicado que en Colombia se toma como cuestión ligera con menosprecio notorio de los derechos de los ciudadanos y de los principios constitucionales. En ese punto sí que se requiere una reforma profunda que impida que el capricho de un fiscal o de un juez, o por la frecuente venalidad de uno u otro o ambos, prive a un inerme ciudadano de uno de sus bienes más preciados: la libertad. Llevar a alguien, sin razones sólidas y contundentes, a los hacinamientos carcelarios es atentado tan grave contra la dignidad de una persona como el secuestro. Que lo realicen autoridades, lejos de provocar indulgencia, hace más abominable el hecho.
Además, la vanidad de los fiscales causa grave quebranto patrimonial al Estado. En los primeros seis meses de este año, dice El Tiempo de ayer, la Fiscalía fue condenada a pagar 104.000 millones de pesos por demandas perdidas, la mayoría relacionadas con la privación ilegal de la libertad de personas. He aquí el precio de la irresponsabilidad en la muy delicada misión de administrar justicia entre los hombres.
Sobra preguntar por qué pocos colombianos creen en su justicia judicial.

Abogado – Docente Universidad del Sinú – Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com