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Defensa de la institucionalidad

Tan críticamente se habla de la reivindicación de Rojas luego de su condena por indignidad en 1960 y de la preclusión del proceso Samper en  1996, que tales casos son referentes obligados para mostrar las dudas sobre el valor institucional de cosa juzgada que jurídicamente tienen

, pues aún se discute sobre la posible injusticia de ambos gracias a una opinión pública inasible que, sin embargo, prevalece sobre las decisiones citadas, alegando  que las razones en pro o en contra contenidas en dichos procesos al no ser aceptadas plenamente ruedan como basura ética. En la balanza se impone así el mayor peso de la tal opinión pública -maledicencia colectiva, a veces- ante el frío del acto judicial que condena o absuelve, previamente volcánico tal vez, y cuyo valor institucional debería generar obligado respeto como punto final del respectivo proceso.

No obstante, en torno de esto nacen dudas acerca no de la fuerza judicial que representa, sino de la sospecha ética que queda en el valor de cosa juzgada, evidente ícono del derecho, destruyendo así la estructura legal de la institucionalidad. En resumen: la cosa juzgada en Colombia contrariamente no es certeza judicial, sino inicio de sospechas éticas por parte de muchos. ¡Absuelto de modo formal por la ley pero condenado moralmente por sectores que dudan de la ley!, es lo dogmático de esa posición.

Tal realidad omite no solo la fuerza histórico-política de cosa juzgada que dicha decisión tiene, sino su solidez institucional, y genera incertidumbres acerca de que la nuestra sea una sociedad normada y no una basada en la no reglada anterior. Al asumirla dan la absurda idea de que el sujeto procesal está siendo juzgado aún y no ven a sus adversarios como tales, sino como supérstites y legítimos voceros del Estado que institucionalmente lo juzga todavía, razón por la que no puede ser enemigo dada su condición legal de investigado. Así la debilitan y dan pie para que aquellos sigan exponiendo contra él razones fuera de contexto, dirigidas a medir los supuestos errores del fallo a su favor ya para revocarlo, reiniciar el proceso contra él y luego  condenarlo, a pesar de que sus autores, acusados, fueron también absueltos.

Lo dicho plantea este dilema sobre la institucionalidad y su valor democrático: ¿Fueron la reivindicación de Rojas y la absolución de Samper cosas juzgadas sólidas y respetables manifestaciones del régimen constitucional del país, que debió acatarse por todos, o pruebas de la inestabilidad ética que muchos le anotaron y que no dejaron de amenazar su fuerza jurídica ni de señalarlas como sospechosas, por lo menos? Si aquello, el delirio del sectarismo político hace que la derecha no crea en el juez que absuelve al izquierdista, ni la izquierda en el que perdona al derechista, lo cual rompe las bases de la institucionalidad al fijar una marginal y parcializada justicia de opinión que no nace de la ley sino del abuso del derecho a la libre expresión, cuyo ejercicio en este caso no es objetivo ni universal, sino subjetivo y limitado a quienes utilizan los medios de comunicación para divulgar de forma subliminal su pensamiento y trabajar en ellos tácitamente sujetos a sus valores de clase o de grupo, prefiriendo lo no reglado a lo institucional. 

*Abogado, catedrático, ex Representante, ex Senador, ex Gobernador, ex embajador ante la ONU.

jangossa3@gmail.com

 

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