El presidente Santos anunció que en uso de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso para reformar la estructura del Estado, creará, entre otras entidades, la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación.
La iniciativa del Gobierno nacional está precedida de un diagnóstico desolador: el Estado enfrenta más de 250.000 procesos, cuyas pretensiones superarían los 100 billones de pesos según indica el Sistema Único de Información Litigiosa que se lanzará al público en los próximos días. El panorama es aún más aterrador, si se observa que un 70% de esos procesos podrían recibir sentencia en contra del Estado, a menos que se optare por una defensa idónea que redujese en un porcentaje importante las condenas, pues de lo contrario el monto de ellas sería equivalente a casi el 30% del PIB. Si el Gobierno nacional quiere detener con éxito el desangre que generaría para el Estado la desatención de los procesos que cursan en los despachos judiciales, deberá tener en cuenta varios aspectos al crear el organismo anunciado.
Primero: la Agencia de Defensa Jurídica, que según ha anunciado el Ministro del Interior hará parte del nuevo Ministerio de Justicia, debe tener una jerarquía similar a la de un viceministerio. El organismo encargado de identificar las causas principales de condena contra el Estado y de diseñar la estrategia jurídica de defensa -transversal a todas las entidades públicas- debe tener una jerarquía superior a las instituciones que orienta, para cumplir cabalmente con sus funciones, al tiempo que debe estar revestido de visibilidad enorme para que la ciudadanía tenga claridad sobre quiénes defienden el patrimonio público y con qué resultados.
Segundo: la creación de la Agencia debe elevar sustancialmente la calidad y cantidad de abogados al servicio del Estado. Para ello deberían emplearse dos estrategias concomitantes: (I) contratar abogados jóvenes destacados (que suelen tener problemas para ingresar al mercado laboral) para que se encarguen de la defensa de los procesos de mínima y menor cuantía bajo la supervisión de profesionales experimentados; y (II) solicitar los servicios profesionales de juristas con experiencia, prestigio y honradez, para afrontar las causas millonarias y de más complejidad jurídica.
Ambas estrategias incrementarían la calidad de la defensa jurídica de la Nación y reducirían en forma considerable las decisiones adversas al Estado. Se rompería el círculo vicioso de un Estado constantemente demandado y usualmente mal defendido.
Tercero: la Agencia no debe perder de vista que el patrimonio público no sólo se afecta cuando un juez falla contra la Nación, sino que también sufre menoscabo con conciliaciones lesivas para el erario y con laudos arbitrales en los que se profieren condenas cuantiosas. Es imperativo que la Agencia impida conciliaciones perjudiciales para el Estado y propenda hacia decisiones arbitrales favorables.
El próximo Ministro de Justicia tendrá entre sus funciones no sólo la de mantener una interlocución fluida con la rama judicial y dirigir la política carcelaria del país, sino también el desafío enorme de estructurar e implementar un organismo que le brinde al Estado la garantía de que sus intereses serán defendidos en forma técnica y eficaz.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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