La imagen favorable y aprobación de la gestión del presidente Santos sufrieron con el fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que indujo un sentimiento de duelo por la pérdida de nuestro mar, sin precedentes recientes, con excepción quizás del dolor por la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia.
l duelo provocado por la CPI vino acompañado de una sensación de impotencia, de debilidad frente a un poder que no habíamos detectado y frente al cual no supimunas racionar inicialmente. El mismo gobierno anduvo atontado, sin saber qué hacer.
Experimentamos colectivamente lo que sienten los débiles cuando son víctimas de una injusticia. Un conocido sociólogo decía que el principio de justicia distributiva es difícil de definir, pero se sabe cuándo se viola porque provoca el comportamiento de rabia, en este caso contenida porque el responsable de la injusticia es una corte a la que respetábamos.
Como perritos de Pavlov, cada vez que nos decían “conflicto” reaccionábamos con “sujeción al derecho internacional”, sensación de alivio que nos sirvió para mantener la calma y algo de compostura durante el largo conflicto de límites con Venezuela. Este condicionamiento dio pie para que consideráramos “expertos internacionales” a los que hoy tildamos de ineptos porque se confiaba implícitamente que el derecho internacional protegía a Colombia y que esa era la ciencia que ellos manejaban. Ambas cosas dejaron de ser ciertas un lunes por la mañana al ver la necesidad de hacer algo distinto y de cambiar de equipo.
El problema es que saliéndonos de la zona de confort de la sujeción al derecho internacional no estamos seguros del curso a seguir. Hay la percepción mayoritaria de injustica contra Colombia, de que el fallo no fue equitativo, un sentimiento de pérdida y una voluntad colectiva de no aguantar el golpe sentados. Los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia sienten ignorados como representantes de una cultura propia y como guardianes de la biósfera y de un patrimonio de la humanidad cruelmente cercenado por la Corte.
Se necesitaba un acto simbólico para disipar ese sentimiento de impotencia y canalizar productivamente esa rabia contenida. El Gobierno razonablemente decidió retirar a Colombia del Pacto de Bogotá en respuesta a estas reacciones de la opinión pública y al peligro de que Nicaragua escale sus pretensiones y las lleve a la misma corte de La Haya. Este ha sido un acto mesurado de protesta porque deja claro el disgusto que ha provocado el fallo y le retira a la Corte la confianza.
En algunos círculos ha causado bastante inquietud. Los legalistas tradicionales y los intelectuales preferirían que se acate el fallo porque temen que se opte por una solución patriotera e irracional, o que se ponga en peligro la negociación con las FARC. También ha dejado insatisfecho a un segmento importante de la opinión pública al que no le sirve nada diferente de rechazar el fallo.
El presidente ha dicho claramente que no se acepta el fallo hasta que los derechos de los habitantes de las islas estén defendidos, y ha emprendido una ofensiva diplomática encaminada a involucrar a Nicaragua en un proceso de negociación. Ese puede ser un curso prometedor si Nicaragua acepta la mano tendida, envuelta en el guante de seda que no oculta el puño de hierro.
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