No hay duda de que el país recibió con beneplácito varias leyes que el Gobierno sacó con buena fortuna en su primer año, gracias a sus bien llevadas relaciones con el Congreso y los partidos. La fórmula de la Unidad Nacional le franqueó el camino y lo estimuló para continuar su tarea haciendo buen uso de los cauces institucionales. Por lo mismo, quiso que en las sesiones del presente año sus amigos y aliados se le midieran a una reforma judicial y a otra de la educación superior.
Hasta aquí, todo andaba bien: la justicia necesita agilidad y mayor eficacia de sus fiscales, jueces y magistrados, y la educación superior urge un panorama distinto del que le trazó la controvertida ley 30. Pero el Presidente y el Ministro del Interior se lanzaron a reformar sin que los coequiperos de ambas disciplinas analizaran, con los pies en la tierra y los sesos en su bóveda, las apremiantes condiciones de los dos sectores, a fin de que las recetas se ajustaran a un diagnóstico acertado.
Más que reformas bien articuladas salieron dos baches que comenzaron a entorpecer la agenda legislativa de Santos. Nunca hubo claridad, a pesar de tanto ponderarse el consenso Gobierno-Cortes, sobre los aspectos básicos del proyecto. Lo que decían los presidentes de éstas nunca coincidía con lo que declaraba Vargas Lleras y, a la postre, lo que se llevó a trámite fue un desacuerdo múltiple con una especie de mico bien vestido para restablecer el fuero militar.
Tampoco resultó coherente el proyecto reformatorio del régimen de la educación superior. Pecaba por tener más lógica de universidad privada que pública en su espíritu y su letra. Los rectores de las instituciones oficiales lo cuestionaron sin ahorrar argumentos y, más adelante, por la venenosa licencia para que el ánimo de lucro cayera en la mitad de la pista, los estudiantes acudieron a la protesta masiva.
Hubo necesidad de cortar los retazos del fuero y el lucro con la esperanza de que San Bernardino de Siena mandara buenas noticias del Paraíso.
De otro lado, no hay comunicación entre el Ministerio y las entidades territoriales para que intromisiones de dudosa legalidad no invadan la órbita de la educación superior, como está ocurriendo en Bolívar, donde el gobierno seccional se hizo aprobar una ordenanza, la 18 de 2011, en virtud de la cual se gravará el derecho de grado de profesionales, tecnólogos, técnicos, especialistas y magísteres con el pago de una estampilla “pro cultura”, dizque para financiar bibliotecas.
La reforma de la Justicia se reducirá a unos cambios cosméticos en su estructura administrativa que nada tienen que ver con la etiología de su crisis y las brechas del servicio. Y la de la educación va camino de quebrantar la paz estudiantil con parches porosos que tampoco llegan a la raíz de los problemas que inciden en su calidad.
Con la Justicia y la educación no se puede actuar como embajadores del Cielo ni como comisarios del Infierno. Fracasar en el apuro de reformarlas podría poner al Gobierno patas arriba. Es un peligro tratarlas con un tipo de imagen que destruya la esencia de lo que deben ser, ahora y siempre, en una sociedad donde los parentescos más cercanos a la frustración radican en el abandono de la una y en la cojera de la otra.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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