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Dos derechos pisoteados

El sábado 20 de noviembre el periódico EL TIEMPO publicó una noticia en la que narra cómo una ciudadana logró, mediante la acción de tutela, que un juez tumbara un comparendo por exceso de velocidad.

El derecho al debido proceso fue el que sirvió de sustento a la tutela; y una falta del agente –no sancionable, porque los abusos de estos no se sancionan- al aplicar una norma derogada que modificó los límites de Velocidad, fue la que le dio la razón al ciudadano.

Que un incidente de estos sea noticia nacional es una prueba de lo inusual del procedimiento, y lo particular del fallo. El derecho fundamental que se invoca para presentar la tutela, que dice que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable; y que quien sea sindicado tiene derecho a la defensa, a presentar pruebas, a controvertir las que se alleguen en su contra, e impugnar la sentencia condenatoria se viola a cada a rato (los medios capitalinos de comunicación solapadamente lo hacen a diario); y con frecuencia también, el derecho de petición, otro tutelable.

El asunto moral –más importante que la norma legal que lo protege- de si se puede condenar a alguien a pagar una multa sin presentar las pruebas y vencerlo en justo juicio, es además un dilema, porque si se responde afirmativamente, se cae toda la jurisprudencia colombiana. Y si se responde de manera negativa, se acabaron los comparendos por infracciones de tránsito, porque en su gran mayoría es imposible aportarlas: la palabra de un agente y el testimonio de otro, no lo son.

En general es muy difícil que alguien pueda -por falta de pruebas- ganar un pleito por comparendos de tránsito ante un juez, y mucho menos en el lugar de los hechos ante el agente, parte involucrada, que se ofende con los argumentos de la contraparte. En el comparendo de marras, debió haber quedado registrada la foto, la fecha y la velocidad del carro, pues de otra manera hubiera sido imposible controvertirlo.

Para rematar, el fallo de tutela es inocuo para el funcionario que pisotea el derecho: simplemente se lo obliga a hacer lo que se negaba sin ningún tipo de sanción. Y en el caso del derecho de petición no atendido, la ganancia del proceso será simplemente lograr una respuesta, así sea de manera injusta. Por lo tanto seguirán violando estos dos derechos con la seguridad de que nadie se desgastará en exigir que se le respeten.

La payasada que hacen en las oficinas del tránsito (para tranquilizar la conciencia) es otorgar un descuento del 50% del valor del comparendo que nada tiene que ver con el debido proceso, si se paga dentro de los cinco días siguientes.

Para cambiar el paradigma de que los derechos de petición no se responden, o si se hace no importa lo que se ponga en él, el transito debería atender de manera juiciosa las reclamaciones, muchas veces justas, que los ciudadanos hacen invocándolo, so riesgo de exponerse a alguna sanción efectiva y real; y los funcionarios entender que administrar la cosa pública no es recoger dinero pisoteando derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mucho ojo, se acerca el pago de primas de diciembre y la experiencia ha demostrado que ese hecho incrementará los operativos y los comparendos.

*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe

myances@costa.net.co

 

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