En diciembre de 2010, el Gobierno Nacional creó el Fondo de Adaptación, el cual tiene a su cargo la estructuración de proyectos con miras a mitigar y prevenir los efectos del “Fenómeno de la Niña”. Uno de los proyectos que se planea realizar con cargo a este Fondo, es la obra civil definitiva del Canal del Dique.
Con independencia de la opción que se escoja, las obras pretenden solucionar cuatro problemas históricos, agravados por el “Fenómeno de la Niña”: (i) impedir la entrada de sedimentos del Canal del Dique a la Bahía de Barbacoas, a la Bahía de Cartagena, y al Parque Corales del Rosario y de San Bernardo; (ii) controlar el nivel de caudales y evitar el cambio abrupto en la elevación de las aguas del Canal, para impedir la inundación de las poblaciones vecinas y sus tierras de cosecha; (iii) recuperar los ecosistemas degradados debido a las continuas inundaciones; y (iv) evitar la intrusión salina (o cuña salina) en ese cuerpo de agua.
Tal vez la mayor amenaza radica en que la sedimentación creciente de la Bahía de Cartagena, donde está el 42% de los puertos del país (hay 53 puertos privados), tiene la potencialidad de reducir su navegabilidad, afectando el tráfico portuario nacional, además del problema ambiental que ocasiona la entrada de materia contaminante a sus aguas.
Una alternativa de solución presentada por Cormagdalena al Fondo de Adaptación, indica que las obras civiles incluirían compuertas para la regulación de caudales, esclusas para los convoyes y remolcadores, y para controlar el ingreso de sedimentos, aumentando la navegabilidad, y otras complementarias, con un costo total aproximado de un billón de pesos, más su operación y mantenimiento, que tienen un valor estimado de $4.000 millones de pesos anuales.
Los cartageneros y bolivarenses no podemos ser ingenuos de creer que el Fondo va a proporcionar la totalidad de los recursos requeridos para ejecutar la obra y garantizar su operación y mantenimiento. Considero que debe explorarse la posibilidad de suscribir un contrato de concesión, porque esa modalidad permitiría que un contratista aporte los recursos –que no tenga el Fondo- requeridos para financiar las obras. También es conveniente que los gobernadores de Atlántico y Bolívar, y el alcalde de Cartagena, manifiesten si las entidades territoriales que dirigen cuentan con dineros para ese proyecto, para determinar la cuantía de los recursos que debe aportar el concesionario.
De igual forma, es necesario conceder la operación de la infraestructura al concesionario (experto en operarla), para que obtenga el retorno de la inversión realizada y la utilidad esperada, a través del cobro de peajes o tarifas a cargo de los usuarios o beneficiarios de la infraestructura construida. Posibles beneficiarios serían las embarcaciones que transiten por el Canal; los puertos que podrían recibir embarcaciones de mayor calado y carga, como consecuencia de frenar la sedimentación de la Bahía; y los ganaderos y agricultores propietarios o poseedores de los predios que dejarán de inundarse debido al control de caudales.
La anterior es tan sólo una alternativa de varias posibles. Lo que no puede ocurrir es que la dirigencia política y gremial de Cartagena y Bolívar permanezca expectante, mientras peligra el acceso a sus puertos, se degrada el ecosistema, y se inunda en forma reiterada su población más vulnerable.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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