Tras el encuentro de esta semana en Oslo, el Congreso radicará casi de inmediato los primeros proyectos reglamentarios del “Marco Jurídico para la Paz” e iniciará el conteo regresivo de 4 años que otorga la enmienda constitucional para regular la materia y alcanzar la paz negociada.
Significa que esta sociedad definirá la Justicia Transicional que aplicará a las FARC, después de la experiencia con el paramilitarismo. Más vale que hayamos aprendido, porque replicar el esquema de “Justicia y Paz” –permeado por ánimos vindicativos y dilaciones para reparar a las víctimas– no es ideal para una reconciliación sanadora. Es bueno reconocer que el sometimiento de los “paras” devolvió la tranquilidad a muchos colombianos.
Los países que aplicaron bien la Justicia Transicional han logrado irradiar los beneficios a todos los ciudadanos. A los actores armados y a quienes padecen sus efectos. Los primeros, diciendo la verdad y reparando a sus víctimas y los segundos, aceptando un mínimo de justicia a cambio de acabar la incertidumbre social de combatir la criminalidad. De esas premisas fundamentales, en Colombia hay la cesación de la barbarie de quienes se acogieron a la Ley 975 de 2005. En lo demás, hubo falsos testigos y sus injurias para vengarse política o personalmente, o distraer a los fiscales para evitar que sus fortunas reparen a las víctimas.
Esto no es de poca monta. Los postulados a la Ley de Justicia y Paz son 4.445 paramilitares y guerrilleros, pero sólo 14 han recibido sentencia y 128 cumplieron audiencias de legalización de cargos. Los jueces y fiscales reciben a diario cientos de versiones libres, sin poder aclarar crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué, 7 años después, sigue el carrusel de versiones, y lo que ayer callaron hoy lo reivindican? El Fiscal fue categórico: aquellos que con falsas versiones afecten la justicia, saldrán de los beneficios de la Ley. Sin embargo, los hechos no lo acompañan: ni un solo postulado ha sido retirado. No es fácil para los jueces distinguir entre los testimonios falsos y los verdaderos. Urgen reformas, pero también sanciones disuasorias.
Pagamos los errores de replicar un sistema acusatorio sin tener los instrumentos ni la cultura para su éxito. ¿Qué falló?: la poca capacidad de investigación del CTI, para no quedarse con la simple versión libre, sin adjuntar otras pruebas para controvertir hasta tener certeza. Y, peor, nuestra educación no privilegia la verdad. Los latinos somos más dados a mentir que los anglosajones, para sacar algún provecho. Los norteamericanos construyeron su sociedad creyéndole al ciudadano hasta que se pruebe lo contrario.
Aquí existen las acusaciones descabelladas, y muchos inocentes están en cárceles o bajo detención preventiva, y a otros, como en mi caso, les mancillaron su honra. ¿Hasta cuándo?
Ojalá la Fiscalía batallara ya contra quienes buscan desviar la justicia, precipitar dictámenes erróneos y alimentar la impunidad. Ellos generaron una crisis en el sistema acusatorio y en el primer intento de Justicia Transicional. No podemos esperar que a otros colombianos les pase lo mismo para hacer las reformas pertinentes. Son las alarmas para reglar la Justicia Transicional para las FARC. Lo contrario, en vez de, reconciliar, será fuente de mayores fracturas sociales.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
jflafaurie@yahoo.com
@jflafaurie
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