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El costo fiscal de la apertura

En noviembre del año pasado, mediante el decreto 4114, el gobierno decidió bajar los aranceles (es decir, los impuestos a las importaciones) para más de la mitad de los productos que se importan al país, con lo cual el arancel nominal promedio se redujo del 12.2% al 8.3%.


Aunque sea difícil de creer, en el mundo de fantasías de los economistas oficiales el objetivo de esta rebaja en el precio de los productos importados era crear empleo y ayudar a los productores nacionales a enfrentar la competencia internacional, por dos caminos: de una parte abaratando el costo de las materias primas importadas, y de otra, porque al aumentar las importaciones debía crecer la demanda de dólares y así se frenaría la fatal revaluación del peso.

Es muy amplio el debate sobre los costos y beneficios de esas políticas aperturistas, que siempre generan ganadores y perdedores; son embargo hay dos consecuencias negativas de la pasada reforma arancelaria sobre las que no hay discusión: primero, que fue un error estratégico en medio de las negociaciones de los TLC y segundo, que tiene un enorme costo fiscal.

Bajar los aranceles de manera unilateral, como lo hizo el gobierno colombiano es un típico caso de “apertura hacia adentro” porque este generoso regalo a los exportadores de otros países para que vendan más baratos sus productos en Colombia se hizo sin negociar nada a cambio, sin pedir que hubiera una rebaja similar para las importaciones de productos colombianos en ningún país. En cualquier negociación de un TLC, Colombia queda en una posición más débil porque ahora tiene menos que ofrecer.

El otro perjuicio de esa reforma arancelaria unilateral, es una drástica caída en los ingresos del gobierno que impide una mayor reducción del déficit fiscal, exige aumentar la deuda pública o recortar los recursos que podrían dedicarse a financiar gastos prioritarios y urgentes del gobierno.

El costo fiscal es enorme. El más reciente estimativo del Ministerio de Hacienda es de $1.2 billones (0.2% del PIB) para el 2011, pero según las proyecciones del mismo Ministerio el costo anual va a ser por lo menos del doble de esa cifra, es decir, lo mismo que se obtendrá este año con el impuesto al patrimonio.

En efecto, en la última revisión del Plan Financiero del gobierno se proyecta que en el 2011 los aranceles producirán $3.5 billones, mientras que el año pasado se recaudaron $4.7 billones, es decir una caída del 26%. Pero el verdadero costo no es solo la diferencia entre estas dos cifras, sino que hay que comparar con lo que hubiera ingresado sin la rebaja de aranceles: con un crecimiento anual de las importaciones del 25% en pesos, el gravamen arancelario hubiera producido $5.9 billones, es decir $2.4 billones más de lo que se espera recaudar. Y este costo se repetirá en los años venideros.

Ante este harakiri fiscal caben muchas preguntas sobre las verdaderas prioridades en la asignación de los recursos públicos y, en particular sobre el trasfondo de las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. ¿Cómo explicarse que un gobierno justamente preocupado por el impacto fiscal de las tutelas en salud, decida de un plumazo renunciar a ingresos anuales que valen más que los recobros al Fosyga?

Mi crítica a la reforma que convirtió la sostenibilidad fiscal en un principio constitucional, no es que ese principio no sea importante y necesario sino que la interpretación oficial es sesgada.

macabrera99@hotmail.com

 

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