El crecimiento del Estado

Nacen nuevos ministerios y nuevas agencias del Estado, con sus direcciones, departamentos, divisiones, subdivisiones y enjambres de nuevos empleos. El Estado se expande y crece la alta burocracia. Más salarios grandes, más carros oficiales, más escoltas, más empleos de todos los niveles, más arrendamientos y más compras del Estado, pero todo en Bogotá.
El centralismo crece, pues la única manera de justificar la existencia de la costosa burocracia es asignarle funciones que, desde luego, significan que las determinaciones finales se tomen en la capital de la República y no en los departamentos, distritos o municipios.
Este crecimiento impulsa la inequidad en la distribución del presupuesto. Los impuestos de todos los colombianos los devoran en muy alta medida una burocracia y unas entidades que sólo consumen y gastan en Bogotá. ¿Cuántos salarios mensuales superiores a diez millones de pesos paga el Estado en Bogotá y cuántos se pagan en las provincias? ¿Dónde compra el Estado la dotación y mantenimiento de sus dependencias?
Cada día la distancia entre la capital y las provincias es mayor en el campo de las oportunidades. Mientras el Gobierno central crece, se marchitan las autonomías departamentales, distritales y municipales. La burocracia central necesita de enmarañados reglamentos, registros, autorizaciones, vistos buenos, segundas instancias y tantas otras figuras para darle razón a su existencia. Ese entramado concentra las decisiones en la capital y la autonomía regional decrece. A los departamentos, distritos y municipios les queda el papel de reclamar ayudas y, como menores de edad, someterse a los dictados llegados del altiplano.
Otra sería la situación si acompañando a la reforma del ejecutivo llegara una vigorosa y extendida descentralización que depositara amplias facultades para que departamentos y municipios asumieran responsabilidad plena en el manejo de sus destinos. Pero no. Cada instancia nacional es un recorte a las competencias decisorias de los entes territoriales. Prueba de ello es que cualquier gestión termina en Bogotá, como la expedición de tarjetas profesionales. En el campo de la justicia fue atribución de los tribunales de cada distrito judicial certificar a los abogados para que ejercieran la profesión: hoy la tiene el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá.
La reforma judicial es otro gran ejemplo. Como en otros lugares del mundo, podría haberse pensado en ensayar una justicia descentralizada como remedio efectivo para la congestión de que se quejan las altas cortes. Podríamos haber pensado en una justicia cuyas cúpulas no requirieran del exorbitante número de más de setenta altos magistrados. ¿Por qué Estados Unidos, país de trescientos millones de habitantes, con  nueve magistrados en una sola alta Corte puede tener una justicia reconocida como más eficiente que la nuestra, y nosotros, país de cuarenta y cinco millones de habitantes necesitamos cuatro altas cortes y más de setenta altos magistrados de quienes oímos continuos lamentos por exceso de trabajo? La respuesta es sencilla: allá la justicia está descentralizada. Y surge la inquietud: ¿por qué allá se puede y acá no?
Las reformas al régimen departamental y municipal siguen su marcha en el Congreso. En ellas se observa poco progreso en la descentralización. Lamentablemente, pareciera que esos estatutos no nos concernieran y por eso, en la provincia, pasan desapercibidos.

*Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

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