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El Dilema Fiscal

La propuesta del Gobierno de cambiar la Constitución para incorporarle el principio de sostenibilidad fiscal como un derecho colectivo que se opone o le hace contrapeso a los derechos sociales y al gasto social, provocó críticas fuertes.

Muchos constitucionalistas saben que la sostenibilidad es importante pero no comparten que sea un derecho colectivo y ven en este cambio un intento de limitar la garantía de los derechos sociales y los gastos sociales consagrada en la Constitución (ver nota de Rodrigo Uprimny en  La Silla Vacía, Abril 27 de 2011). El Partido Liberal se ha opuesto a esta reforma porque cree que con ella se aniquilaría la tutela, impulsora de cambios sociales muy importantes.

La tutela ha servido para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan defenderse en una sociedad en la cual no tienen muchas herramientas para hacerlo. Por eso y por ser excesivamente eficaz se debe defender y preservar. Pero como también se abusó del instrumento deben existir reglas para su uso y alcance sin liquidar la función social del  instrumento.

Es posible que estas reglas deban sustentarse en un principio constitucional como el propuesto por el Gobierno, pero si queda consagrado en la Constitución que la sostenibilidad fiscal prevalece sobre los derechos individuales de los ciudadanos, sufrirán un menoscabo, sin dudas, y se establece un desequilibrio que puede tener consecuencias muy indeseables, entre otras un exceso de poder de la tecnocracia. Pero si lo establecido es que los ciudadanos pueden aspirar a que se les garanticen inmediatamente todos sus derechos, incluyendo los sociales y los económicos, y los jueces pueden hacer esto efectivo sin tener en cuenta las restricciones económicas y financieras que existen, se induce la inestabilidad macroeconómica y se traslada el exceso de poder a los jueces.

Por este motivo es deseable contemplar la posibilidad de que las limitaciones que impone un buen manejo económico sean un contrapeso constitucional, no para que se recorten o afecten los derechos de los ciudadanos, sino para que el ejercicio de estos derechos y la satisfacción de las necesidades que se derivan de ellos puedan alcanzarse en el tiempo, teniendo en cuenta las restricciones que impone la realidad económica. No es sano que los jueces procedan como si no existiera una restricción presupuestal, ni que los técnicos y los políticos impongan sus propias preferencias escudándose en una restricción presupuestal que no es necesariamente inflexible.

Es necesario encontrar una solución de compromiso porque sin ella el Congreso aprobará el cambio en la Constitución y este se va a hundir en la Corte Constitucional. Si esto sucede se le conferiría al populismo jerarquía de principio constitucional de Colombia, rector de su política económica al que se subordinarían la estabilidad y la prosperidad. La solución puede ser que ingrese a la Constitución el principio de la sostenibilidad fiscal, que los jueces sigan interpretando la ley y la Constitución, pero que tengan en cuenta las restricciones económicas y no le usurpen al Congreso su función fundamental de emitir la ley de Presupuesto con sujeción a lo establecido en la Constitución, ajustándose, entre otros, al principio de sostenibilidad fiscal, y con el conocimiento de que esta no depende exclusivamente del recorte del gasto sino también de los ingresos fiscales.

rhommesr@hotmail.com

 

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