Jamás se había visto que una reforma tan mala, como la de la Justicia, hubiera tenido un blindaje tan minucioso como la que, a los pupitrazos, se aprobó el jueves pasado. Se arrepentirán los doctores Santos y Vargas Lleras del disparate que fomentaron con el intercambio de carnadas entre los peces gordos de los tres órganos del poder, tirándose una coyuntura que terminó al servicio de la mezquindad.
Los magistrados y jueces que no salen de su asombro por la voltereta de dos de sus superiores (los doctores Zapata y Gómez), y que abrigaban la esperanza de que la Corte Constitucional tumbara el esperpento de una tragicomedia que duró dos años, se sienten ahora desengañados y seguros de que la exequibilidad será la puntada final de un proceso de chapucería legislativa.
¿Por qué están tan seguros de eso? –me preguntarán. O, ¿por qué lo sabe usted?
No hay que ser brujo para entender que la novena de magistrados del tribunal constitucional, además del menú principal de los doce años de período y los setenta de retiro forzoso, recibió un postre suculento: la facultad de nombrar a los encargados de investigar y juzgar a los congresistas malamañosos, incluyendo a los que continúan pendientes de matar su “culebra” por parapolítica.
¿Renunciarán los guardianes de la Constitución a la ganga de nombrar algo más que sus magistrados auxiliares, sus conjueces, sus secretarias, sus mensajeros y sus choferes?
Quisiera estar equivocado porque tengo amigos muy queridos en la Corte Constitucional, pero no veo que en Colombia, actualmente, se le reconozca al poder de reforma de la Carta la superioridad que las instituciones deben tener sobre el pugilato por las competencias entre los organismos de una misma rama o entre una y otra. De ahí que los consensos y los acuerdos no sean producto de las convicciones, sino de los tratos que elevan los personalismos por encima de los fines del Estado. Casi, casi, que los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado se inscriben en el programa de vivienda gratis.
El señor ministro de Justicia, que no redactó una sola letra del proyecto de reforma original, pero que lo defendió con ciega vehemencia para gratificar su nombramiento, resolvió animar, roja la nariz y muy blancos los cachetes, el circo en que se convirtió el trámite parlamentario en las dos cámaras de Merlanos en pos de impunidad.
La nueva máscara de la Justicia, más que un apremio jurídico de la sociedad en general, resultó un antojo político que afincó privilegios repugnantes. Se utilizó un acto político de soberanía, a través de un procedimiento de reforma, para mutilar la voluntad del constituyente primario con un capricho del poder de revisión. Por eso suenan campanas de fiesta en la Casa de Nariño, el Capitolio Nacional y el Palacio de Justicia.
En la calle, en cambio, donde los perjudicados con la congestión judicial y el difícil acceso a la Justicia padecen sus frustraciones, el pesimismo sigue destruyéndoles la confianza en un país que día a día, cada vez con mayor recurrencia, soporta la traición por entregas que comete contra éste y contra aquellos, desde su jardín de delicias, gracias a un curioso espectáculo de magia criolla, nuestra “onorata” clase política.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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