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El Estado contratista

La corrupción en Colombia no sólo saltó cuantitativamente con el robo de recursos públicos en la mayoría de las entidades estatales durante el gobierno pasado (donde se toque sale pus, dijo el presidente Santos), sino que también cambió cualitativamente la forma de desfalcar.

El cambio en la corrupción tiene mucho que ver con el cambio en el modelo de Estado, que pasó de ejecutor y proveedor directo de servicios, a contratar muchos de sus servicios o a darlos en concesión.

Cuando el Estado era el gran empleador y participaba directamente en las áreas económicas, el objetivo de los corruptos al capturar el Estado era apropiarse de la burocracia y beneficiarse de las decisiones y regulaciones económicas para generar rentas monopólicas.

Esas formas de corrupción subsisten en el nuevo modelo que desde los años 80 buscó reducir la acción y la intervención directa del Estado, pero ya no son las más relevantes. Ahora la mayor cuantía de recursos públicos se asignan mediante contratos y los corruptos saben que capturar la contratación estatal es la gran oportunidad para hacer fortuna.

A la transformación del Estado de ejecutor en contratista hay que añadirle la descentralización fiscal y administrativa que llevó a que buena parte de los recursos que antes manejaba el Gobierno central sean repartidos mediante contratos de departamentos y municipios, sin que se modernizaran ni fortalecieran los entes de control territoriales. Los caciques políticos regionales y las organizaciones criminales encontraron en la contratación regional recursos enormes para sus actividades.

El informe final del Auditor General de la República saliente trae cifras impresionantes sobre la contratación estatal, que demuestran por qué aumentó la corrupción: entre noviembre de 2009 y febrero de 2011 los entes territoriales firmaron 852.143 contratos, más de 50.000 mensuales. Exceden con mucho la capacidad de vigilancia y control de las 63 contralorías territoriales.

El 55% de estos contratos (433.146) fue de prestación de servicios, y 156.013 se hicieron con personas naturales. La reducción del tamaño del Estado es una falacia, pues los empleados de planta fueron reemplazados por nóminas paralelas enormes con contratos de trabajo temporales.

Aterra que 60% de los contratos se asignaron por contratación directa, y que esta modalidad de contratación creció 74% en el último año. También se generalizaron los convenios interadministrativos y los contratos con fundaciones, universidades y cooperativas, que en el período considerado suman $6,5 billones.

Los riesgos fiscales de esta explosión de contratos son enormes. Según el Informe hay $26 billones de recursos públicos en riesgo, porque “La contratación regional está en cabeza de 5.700 ordenadores de gasto sin adecuados controles, sin adecuados instrumentos de intervención en casos de riesgo y con recursos millonarios a su arbitrio, liberalidad y ligereza.”

El modelo del Estado contratista no parece tener vuelta atrás. Se requiere fortalecer la capacidad de los entes de control, reformar a fondo las contralorías regionales, pero sobre todo, como dice el Auditor, “es evidente la necesidad de ir hacia una nueva política de Estado en materia de contratación, que exige un cambio de concepción en la relación contractual con los particulares, donde el interés público sea ganador”.

macabrera99@hotmail.com

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Comentarios

Fenomenal!!!!; es una

Fenomenal!!!!; es una radiografía ke permite observar y comprender mejor el problema.