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El Estado no es para estorbar

La reforma del Estado que se puso en marcha esta semana es interesante y puede dar lugar a mayor eficiencia y sobre todo a una mayor relevancia del Estado en el desarrollo colombiano.

Se han plasmado en esta reforma sugerencias encaminadas a remover varios cuellos de botella que han impedido el avance de áreas como la infraestructura y el sector minero, y se ha introducido un novedoso concepto en la ejecución de política social, la búsqueda de prosperidad y la lucha contra la pobreza con un enfoque administrativo que podría definirse como “empresarial”.

Han puesto al frente de la agencia responsable de la prosperidad al actual Viceministro de Hacienda, que ha sido socio de la más exitosa empresa de banca de inversión colombiana y fue durante el gobierno de Uribe el estructurador de la reforma y privatización de Telecom y el asesor favorito del ministro de Transporte. Al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura va a permanecer el actual director del INCO que durante muchos años fue socio y director de la firma McKinsey, que se define a sí misma como “el asesor de confianza de los principales negocios y gobiernos del mundo”.

Es un experimento arriesgado quitarle al DNP varias de sus funciones, que las van a asumir estas agencias, y también es una apuesta poner ejecutivos calificados al frente de ellas, porque en Colombia no ha sido muy ilustre el récord de las estrellas del sector privado en el gobierno.

Va a ser interesante como ellas y la actual administración, asociada como está con el concepto de buen gobierno, logran darle un verdadero revolcón al estado, no en lo referente a su forma, pues esta reforma atiende ese aspecto, sino a un cambio de actitud hacia el sector privado y la comunidad. El Estado colombiano ha desempeñado un papel muy negativo en el desarrollo de varios proyectos muy importantes en los que se convirtió en un estorbo.

Uno de ellos, por ejemplo, en el que tuve la oportunidad de asesorar a una de las empresas de transporte, fue el sistema de transporte integrado de Cali (MIO). Las empresas concesionarias adquirieron compromisos de inversión que tuvieron que cumplir a pesar de que el gobierno local y el nacional no fueron capaces de entregar a tiempo la infraestructura y el sistema de recaudo, que solamente pudieron tener listo con más de un año de retraso. Esa demora les causó pérdidas multimillonarias a las empresas participantes sin que los funcionarios públicos se percataran del costo que les imponían con su incompetencia y falta de diligencia. Los adjudicatarios de las nuevas rutas de Transmilenio en Bogotá y el público están sometidos a un tratamiento similar y a demoras que pueden traducirse en dos o tres años de retraso en la puesta en marcha de las rutas adjudicadas porque no se organizó a tiempo el sistema de recaudo y, en casos como el de la Séptima, el gobierno no ha decidido (ni sabe) que va a hacer.

Es francamente escandaloso que los gobiernos obliguen a los contratistas a cumplir su parte de los contratos, pero que no cumplan la suya y que no se preocupen por aliviar o compensar los enormes costos que generan con su improvisación y sus titubeos post contractuales. Lo que causa esto es que los funcionarios involucrados no toman en serio sus obligaciones contractuales ni el costo que genera su proceder. Otra agencia llamada a cambiar la actitud y eficacia del gobierno es la Agencia Nacional Minera porque en ese ministerio ha estado ausente un sentido de responsabilidad con los concesionarios privados.

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