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El Estado y las OPS

El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, desde el año pasado ha venido esgrimiendo como parte de la política oficial, el argumento de que los Contratos de Prestación de Servicios y/o las conocidas OPS, se han convertido en la forma principal de vinculación que el Estado ha desarrollado para contratar sus empleados, servidores o trabajadores; recientemente señaló que mientras las entidades territoriales en forma legal y reglamentaria, tienen 100.000 servidores públicos, en OPS existen 170.000 contratos.



Las preguntas que vale la pena hacer es ¿éste hecho fue a espaldas del propio Estado?, o ¿fue una política agenciada o impulsada desde las mismas esferas gubernamentales? La respuesta es igual: sin el consentimiento del propio Estado no hubiera sido posible llegar al extremo que el ministro del Trabajo ha denunciado.

En Colombia es indudable que a través de legislaciones impuestas, se han creado unas figuras que atentan contra el derecho laboral, entre ellas las OPS, las Cooperativas de Trabajo Asociadas y otras como las Sociedades Anónimas Simples (SAS), que no tienen otro fin diferente al de ocultar la existencia de una relación de trabajo y convertirla en un contrato civil, estatal o comercial para no reconocer ni pagar los derechos salariales y prestacionales que el propio legislador estableció en el Código Laboral a favor de los trabajadores.

Es y ha sido el propio Estado el más violador de los derechos laborales en Colombia, por acción o por omisión. No es posible que 170.000 compatriotas que prestan sus servicios a los gobiernos territoriales, cumplan una jornada laboral y reciben una remuneración, no sean considerados como titulares del derecho laboral.

Aquí vienen otras preguntas: ¿con que propósito se han creado estas figuras? ¿Para qué han desarrollado estas figuras deslaboralizantes? Indudablemente para abaratar el costo de la mano de obra del trabajador colombiano y de esta forma aumentarle la utilidad al empleador privado y/o a los gobiernos empleadores, reducirles el presupuesto de funcionamiento.

Cartagena y Bolívar no son la excepción, estos dos entes territoriales están llenos de Contratos de Prestación de Servicios y OPS; hay casos en que de cada 5 trabajadores solamente uno, es decir, el veinte por ciento, está nombrado de manera legal y reglamentaria.

Los cientos de miles de personas que laboran de manera precaria con el Estado, desde hace décadas han venido propugnando porque ese Estado -que tiene el deber y la obligación constitucional de proteger sus derechos- no se los siga vulnerando y los vinculen en la forma que establece la Constitución Política. Por lo anterior hoy cuando se anuncia por parte del Ministro y se expiden circulares  solicitando informes a todas las entidades estatales para que indiquen la relación entre servidores de planta y contratados, ojalá esta política no se quede en la mera retórica, sino que se ejecute por todo el territorio nacional y se garantice la estabilidad y los derechos laborales de unos funcionarios a los que por décadas el propio Estado les ha desconocido sus derechos principales y más importantes.



*Coordinadora Centro de Conciliación

Consultorio Jurídico-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de San Buenaventura-Cartagena



sashook@usbctg.edu.co

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Comentarios

Tienen los contratistas ue

Tienen los contratistas ue pagar slud y pensión,aunque este afiliado a una EPS como bveneficiario,siendo que el contrato apenas es de dos o tres mesey esasi que produce trumasporque cuando este cesa,tiene que desafioliarse para continuar comno beneficiario y no tener que asumir un costo mas.Peroluegoleale otrosdos o tres meses decontrato y vuelve la afiliación.