El laberinto político complejo en que se ha convertido la campaña electoral por la Alcaldía de Cartagena, no tendría salida final con los resultados de las elecciones de octubre próximo. Todo parece indicar que las urnas podrían servir para una transición entre las cábalas y la incertidumbre.
Muchos ciudadanos están literalmente espantados con lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la contienda, merodeada por misterios y fantasmas que acechan a varios candidatos y precandidatos.
Independientemente de los temores que generan algunos perfiles, acompañamientos y capacidades de varios aspirantes, la máquina de los sustos ha sido activada por cuenta del fantasma de las inhabilidades, que mantiene a muchos con los dedos haciendo cruces.
Del simple rumor callejero sobre supuestos impedimentos que tendrían candidatos y candidatas para ser eventualmente elegidos, se ha pasado a consultas de alto nivel y a conceptos jurídicos que ratificarían tales premisas, pero que desmienten sistemáticamente los afectados, generándose nubarrones en el panorama político, sin que se pronostique pronto despeje.
Se ha afianzado tanto la premisa de las inhabilidades, que en corrillos políticos de La Heroica se habla de una eventual elección a dos vueltas: la primera correspondería a la elección de un candidato(a) inhabilitado y la segunda se cumpliría meses después cuando las autoridades procedan a declarar la nulidad de tal elección. Para ese escenario se estarían preparando algunas campañas.
Los rumores y comentarios de analistas señalan como incursos en causales de inhabilidad, por diferentes razones, a los aspirantes Campo Elías Teherán Dix, María del Socorro Bustamante y Carlos Díaz Redondo, quienes paradójicamente tienen mayor aceptación entre posibles votantes, según las encuestas.
Pero no sólo ellos tienen el fantasma de los impedimentos a sus espaldas, algunos candidatos que no tienen cuentas pendientes con los organismos de control, que no celebraron contratos con el Estado en tiempos recientes, o que no tienen parientes cercanos que fungieron como ordenadores de gastos públicos, y que programaron inscribirse por firmas de grupos significativos de ciudadanos, también quedarían por fuera del juego electoral, por desconocimiento de minucias de la reforma política.
El analista político Bernardo Ramírez del Valle dice en un revelador artículo que la norma establece tácitamente un requisito que casi nadie ha cumplido: la inscripción de un comité promotor, un mes antes del inicio de la recolección de firmas. Al respecto advierte: “si el Presidente sanciona y promulga la ley antes del 30 de julio, casi nadie podrá acreditar que antes del 1º de ese mes inscribió el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos y estos aspirantes tendrán que acudir a los avales de los partidos”.
Como si ello fuera poco, el Gobierno anunció que entregará a los partidos políticos una lista de candidatos que en su opinión están inhabilitados para ser elegidos, en procura de evitar que les concedan el aval, y probablemente algunos sean de Cartagena.
Tales nombres los deberían conocer directamente los electores para evitar votar por quienes no pueden gobernar. El anuncio oficial sólo contribuye a aumentar la incertidumbre, especialmente en esta ciudad de mitos y leyendas, donde los fantasmas ahora habitan la oscuridad de la política. Que octubre nos coja confesados.
*Trabajador Social y Periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones.
germandanilo@hotmail.com
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