El juicio de la historia

El último trabajo de la serie Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, titulado: “Primera versión de la Política de Seguridad Democrática: ¿Se cumplieron los objetivos?”, cuyo autor es el investigador Gerson Pérez Valbuena, es un meticuloso y documentado análisis de la PSD.

Su importancia se debe no sólo al tema sino también a que el período que estudia (2002-2006) pertenece a la historia del país, por lo tanto, sin elementos pasionales del presente que desvirtúan la verdad y la realidad de los hechos. Examina el impacto “de la política de seguridad sin precedentes en el país en un contexto de altos niveles históricos de violencia”.

El Dr. Pérez afirma en el documento: “El gobierno de Álvaro Uribe recibió en agosto de 2002 un país con los más altos niveles de violencia y criminalidad en su historia, con más de 1.600 acciones terroristas, 2.500 extorsiones, 29.000 homicidios y 3.000 secuestros sólo en 2002”.

Puedo inferir, rememorando esa época, que el ánimo de la población era de desesperación y miedo. En ese pasado las autoridades y gran parte de la población habían asumido un papel derrotista pidiendo una paz que las Farc entendían como el inicio de la imposición de los principios marxistas-estalinistas.

Explora el documento los principales cambios que introdujo el nuevo gobierno de la época. (Hoy la historia reconoce que ha sido el mejor presidente de los últimos tiempos. Encuesta Datexco contratada por W radio y El Tiempo. Fecha de realización de campo: 24 al 26 de abril de 2012). Tales cambios tenían como finalidad no sólo sacudir militarmente a las organizaciones al margen de la ley sino también debilitarlas económicamente.

El ponderado trabajo está sustentado en una amplia bibliografía de los más reconocidos científicos sociales e información estadística de acciones criminales en residencias, establecimientos comerciales, vehículos, personas, terrorismo, extorsión, secuestro, ataques a estaciones de policía, piratería terrestre, homicidios, etc.

Concluye el estudio que “la guerrilla por un lado, llegó a ser la organización criminal que más contribuyó al creciente número de asesinatos, secuestros, ataques terroristas y más recientemente al tráfico de drogas. Los paramilitares (…) contribuyeron con asesinatos selectivos, secuestros y tráfico de drogas, (…) el narcotráfico llevo la violencia (…) a los más altos niveles históricos a comienzos del 2000 (…) también al aumento de la criminalidad común en los escenarios urbanos.”

“(…) es claro que la PSD trajo consigo un cambio estructural que partió en dos la historia de la criminalidad en Colombia. El nuevo reto para los próximos gobiernos es el de complementar y armonizar la seguridad nacional y las políticas sociales (…) en donde han empezado a ser evidentes los preocupantes aumentos en la criminalidad”.

Deduzco que el estado de tragedia en el país se debe a la indolencia de los gobernantes, que han permitido el sufrimiento atizado por la injusticia social aberrante, hecha posible por aquellos que sin programas de gobierno premeditados, se posesionan y luego sacan del sombrero de la demagogia, políticas paternalistas y electoreras de corto plazo.



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