El pueblo colombiano, que acepta sin protestar y con paciencia toda clase de atropellos, está comenzando a reaccionar respecto al abuso que viene auspiciando el Estado cuando aplica una fórmula mentirosa para calcular el precio que se cobra a los usuarios por la gasolina. Un precio que aumenta fatalmente mes por mes, y que está conduciendo a que el combustible en Colombia sea uno de los más caros del mundo.
En efecto, con terquedad digna de mejor causa, el Ministro de Minas y Energía insiste en que los precios de los combustibles deben seguir siendo calculados de conformidad con el artificial criterio que hoy se utiliza, y hasta hemos escuchado a dirigentes políticos y congresistas -que se supone representan los intereses de la ciudadanía- expresando sin sonrojarse que, en su concepto, tales precios son todavía demasiado bajos y deberían incrementarse en mayor medida.
La fórmula de la que se trata incluye una cantidad de costos como los de transporte, fletes y aranceles en territorio extranjero, como si el petróleo que extraemos en Colombia fuera importado. Esos costos, que los colombianos no tendríamos por qué pagar, los hemos venido asumiendo al pagar el creciente precio al que nos cobran cada galón de gasolina, y por tanto existe una diferencia enorme, sumado todo lo que nos vienen cobrando en los últimos años, diferencia que no corresponde a otro concepto jurídico que al señalado en tradicional jurisprudencia: el pago de lo no debido.
El Estado, entonces, debería reintegrar a los usuarios la totalidad del exceso en esos precios, como ya se ha solicitado en ejercicio de una acción de grupo que hoy cursa en los tribunales.
Pero, además, la famosa fórmula debe ser cambiada, y así lo ha propuesto el valeroso Senador liberal Luis Fernando Velasco, quien ha adelantado una seria investigación de carácter económico sobre el particular y ha promovido en el Congreso trascendentales debates en desarrollo del control político, poniendo en verdaderos aprietos al Ministro del ramo cuando se trata de explicar lo inexplicable: que estemos pagando lo que no tenemos que pagar por un combustible que no importamos, pero que nos cobran como si fuera importado.
El Senador Velasco, apelando a uno de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana -la iniciativa popular en la formación de las leyes- adelanta desde ahora una campaña orientada a la recolección de firmas para que sean los ciudadanos, al menos en el 5% del censo electoral, quienes presenten al Congreso el proyecto de ley que modifique tan absurda fórmula, para que, pese a la posición del Gobierno, regresemos a un criterio razonable en la determinación de los precios de la gasolina.
Finalmente, cabe decir que se equivoca el Ministro cuando afirma que son los ricos quienes consumen la gasolina. Que lo digan los miles de colombianos que usan vehículos para trabajar y para sostener a la familia.
*Expresidente de la Corte Constitucional
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