Afortunadamente en el proceso están involucrados otros agentes, como el Ministerio de Defensa (la Nación en cabeza de la Armada), la Cámara de Comercio (representando la sociedad civil) y el gobierno distrital, que pueden hacer frente a esta lógica de mercado y buscar que los réditos de tan crucial proyecto no se concentren en unos pocos inversionistas de los sectores inmobiliario y hotelero. De la interacción entre agentes, de sus estrategias y de la capacidad de esos otros agentes mencionados (y otros de la sociedad civil de movilizarse y) de integrar en las suyas al interés colectivo, depende que este sea o no el caso.
Naturalmente que no se trata de contrariar la lógica del mercado ya que es ella la que haría posible la generación de monumentales valores de renta de la tierra que permitirían esa inversión inclusiva. Se trata de combinarla con este esfuerzo inclusivo en la dirección sugerida por dos preguntas críticas: 1) ¿debe esa renta concentrarse en la Armada (que necesitaría enormes recursos para el traslado) y en esos inversionistas, o deben diseñarse formas de que ella se irrigue a sectores más amplios de la población de la ciudad?; 2) ¿debe rentabilizarse la totalidad del área de la base en la forma de proyectos inmobiliarios y hoteleros de elite o debe destinarse parte de ella a usos de beneficio colectivo?
Si bien en el discurso público la respuesta obvia a estas preguntas es no a la primera opción de cada una de ellas; y naturalmente a la segunda opción, a la hora de la hora el poder de monumentales rentabilidades se impone. Entonces es importante considerar el sentido de esas respuestas:
1) Irrigación de la renta: A la histórica interrelación de colaboración y beneficio mutuo entre la Armada y la ciudad se le ofrece ahora la posibilidad de contribuir a saldar la gigantesca deuda social con la enorme masa de pobres de la ciudad. Los esquemas de financiación de proyectos de desarrollo urbano, ej. infraestructura de transporte, incluyen el pago de su costo con la renta de la tierra que generan. En este caso se deberían concebir esquemas de apropiación y destinación de una porción de esas rentas a proyectos de vivienda popular en otros sectores.
2) Áreas de uso colectivo: Las posibilidades de utilización comunitaria de áreas son múltiples: parques, científico tecnológico (como en Panamá); artístico/artesanal; y uno para la recreación y el disfrute, para todos los cartageneros (y no solamente quienes viven en Bocagrande y Castillo), del privilegiado paisaje a la bahía y al Centro histórico (en la dirección que he venido arguyendo contra el despropósito de tener destinado el área privilegiada del otro lado de la bahía en Getsemaní a un parqueadero de vehículos subutilizado).
Cartagena, la ciudad más bella de Colombia, puede sacar la cara por el país también en este sentido, contrariando la tendencia a rentabilizar todo espacio como privado, en vez de reservar partes de él a espacio público, que caracteriza a las ciudades colombianas, en un atraso, no solamente frente a ciudades europeas sino también frente a latinoamericanas, que bien refleja la mentalidad de la elite colombiana.
*CEA-UTB
rchica@unitecnologica.edu.co
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