El presidente Juan Manuel Santos anunció el retiro del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, atendiendo la sugerencia de los miembros de las comisiones sextas del Senado y Cámara. Con ese polémico proyecto, por su contenido, era difícil que se pudiera llegar al consenso, por tanto se ponía en riesgo la existencia de la Universidad pública.
Indudablemente que la decisión del mandatario guarda coherencia con el talante y el clima de tolerancia que ha venido imprimiéndole a su gobierno cuando afronta los eventos de la problemática nacional.
El paro de los estudiantes en todo el país llevó al presidente Santos a considerar que es menester el diálogo y la concertación con los estamentos universitarios, principalmente con el estudiantil que con su actitud mostró que le preocupa el futuro de la universidad pública. El primer mandatario, al anunciar el retiro y llamar al levantamiento del paro, trata de evitar la pérdida del actual semestre, lo cual sería desastroso para más de 500.000 estudiantes. De contera permitiría que los nuevos bachilleres puedan acceder a las universidades.
Los cuestionamientos de las mismas universidades y de los estudiantes tenían asidero debido a falencias del proyecto de reforma, relacionadas con la injerencia del Estado en la educación superior. Falencias que no son de ahora, sino de años atrás, las mismas se instalaron solapadamente en el manejo de las universidades estatales. Los rectores señalan como la principal, la congelación del presupuesto de las universidades públicas guiándose por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desconociendo que los costos crecen anualmente muy por encima de ese IPC.
El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, a propósito de esa situación conceptuó: “Es contrastante la comparación de la universidad pública con la privada que con matrículas altas por encima del IPC; han subido anualmente varios puntos por encima del IPC (con permiso del Ministerio). Cada estudiante nuevo representa para ellas un ingreso adicional, mientras que el aporte global congelado del Gobierno en las públicas genera una disminución significativa y creciente del subsidio que hace por estudiante. La educación superior pública colombiana está perdiendo su capacidad de reclutar a los mejores profesores y de actualizarse para mantener su calidad”.
El Gobierno concertará con los voceros de las universidades y las directivas estudiantiles, un nuevo proyecto de Ley. De esa manera esta crisis y los paros estudiantiles servirán de catalizador para una mejora definitiva en el sostenimiento de la universidad pública y de una educación de alta calidad en lo académico y científico.
Este sábado los estudiantes anunciarán el levantamiento del paro, y deben sentirse satisfechos ya que lograron concientizar al país sobre el grave estado de postración de las universidades estatales. Se impone una concertación de carácter democrático. Por tanto el levantamiento del paro debe quedar como un acto de grandeza que los universitarios no deben dejar caer en el vacío.
La concertación en este caso es fundamental teniendo en cuenta que la educación universitaria en cualquier país es el principal factor de desarrollo, la educación disminuye la inequidad social.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()