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El revolcón agropecuario

La administración Santos emprendió una reforma de gran alcance para el campo colombiano, para que no esté rezagado, sobreprotegido ni subsidiado, y para convertirlo en uno de los grandes dinamos competitivos de la economía.

Parte integral de esta iniciativa son el proyecto de Ley de Tierras, vinculado a la Ley de Víctimas presentado al Congreso, y el Plan Siembra, al que me referí en una nota anterior, que empoderaría a 100,000 familias campesinas, dotando de tierra a muchas de ellas o mejorando su capacidad técnica, finanzas, productividad de sus predios y calidad de vida.
Si los objetivos de estos programas se cumplen y se conserva su alcance original, estaríamos ante uno de los eventos más importantes de los últimos 80 años. Con 200 años de retraso, se comenzaría a incorporar plenamente al campesino a la República de Colombia, con derechos y poder para determinar su destino y vivir en condiciones razonables.
Para poner a este proyecto en un contexto comparativo, se puede pensar que equivale en muchos aspectos al de las leyes de derechos civiles (Civil Rights Acts de 1960 y 1964), con las que se inició la restitución de derechos plenos a la población afro norteamericana, que inicialmente tuvo que ser impuesta a la fuerza por el Gobierno Federal.
Aunque tendrían beneficios económicos y políticos significativos, so son simplemente proyectos económicos o políticas sociales. Desde el Estado se promueve un cambio de poder a favor de los campesinos, menoscabando la posición relativa de las élites rurales legales y la de los criminales en el nivel local. La restitución de tierras y empoderamiento campesino suscitará una oposición muy agresiva y ya cobró su primera víctima en este nuevo contexto.
Uno de los campesinos de Urabá al que el ministro de Agricultura le devolvió la tierra que le habían quitado a la fuerza los paramilitares o los narcos, fue asesinado pocas horas después del acto. Así se usa el terror para notificar a las víctimas y al Gobierno que la cosa no será fácil, con la esperanza de que se acobarden y dejen eso así.
No será suficiente tener las leyes aprobadas, ni las intenciones mejores, sino que hay que imponer la ley y defender la Constitución con el poder del Estado y toda la energía que sea necesaria para reprimir a los criminales y a otros opositores violentos.
El gobierno no puede limitarse a responder a esta alevosía criminal con declaraciones. Tiene que encarcelar a los sospechosos y juzgarlos rápidamente en forma ejemplar. Y tiene que poner en práctica esquemas de seguridad y protección a los campesinos, para que los beneficiarios y las víctimas no resulten premiados con la muerte y nuevos desalojos.
El The Economist de la semana pasada le cuenta al mundo la experiencia vergonzosa de la restitución de la de la finca La Alemania, en San Onofre, que también culminó con el asesinato del líder campesino y con un intento del banco acreedor de reposeerla. No lo hizo cuando estaba en poder de paramilitares y sí cuando la habían recuperado las víctimas (“This Land is Your Land”, Septiembre 18 a 24 de 2010).
A los cuatro jinetes del Apocalipsis que señaló Juan Manuel Galán como enemigos de estas reformas, hay que sumarles un quinto, muy temible, que es la ausencia casi general de empatía por la suerte de las víctimas o de los pobres entre los poderosos y la clase media.

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