Si bien nuestro sistema político electoral no es perfecto y la Registraduría tiene falencias, propongo que a este organismo se le asigne la función de organizar y garantizar las elecciones a juntas o cargos directivos de gremios y asociaciones que ejercen funciones o administran recursos públicos.
Los reiterados y no resueltos escándalos de Sayco, que recauda los cobros de derechos de autor y cuya junta directiva, al parecer, es la misma desde hace muchos años; las denuncias, demoras y retrasos en la elección de parte de las juntas directivas de las cámaras de comercio en varias ciudades del país; la forma como se componen las juntas de acción comunal, algunas de las cuales mantienen sus mismos líderes por años sin ningún tipo de renovación, y en algunos casos, con baja participación ciudadana; denuncias e investigaciones en el manejo de algunos fondos ganaderos en varios departamentos cuyos directivos, supongo, son electos por los agremiados, y la elección del director de la Federación de Cafeteros, que administra el Fondo Nacional del Café.
En fin, una gran cantidad de gremios agropecuarios que administran fondos parafiscales, incluso, el de las esmeraldas, creado hace apenas unos años, merecen un mayor escrutinio en la forma como se designan sus directivos.
Son muchos y muy variados los escenarios donde en el ámbito privado, con poca vigilancia por parte de una autoridad competente, se eligen personas que administran recursos públicos. Estos se manejan con reglas del sector privado y eso me parece conveniente, pero sí es claro que el proceso mediante el cual estas organizaciones eligen o designan sus cabezas, es de incumbencia pública.
La Registraduría organiza cada dos años un gran ciclo de elecciones nacionales y regionales, además de las atípicas por alcaldes y gobernadores destituidos. Durante el transcurso de los años ha venido generando una capacidad instalada que le debería permitir, con alto grado de suficiencia, manejar los procesos de elección de directivos en otras entidades. No es un organismo perfecto, pero ha venido mejorando.
La democracia no es sólo elegir por voto popular a parlamentarios, presidente, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. La democracia es, en últimas, tomando prestada la ya clásica definición de Norberto Bobbio, “un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas, donde está prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados”.
La elección de juntas directivas y presidentes de gremios, que administran recursos públicos, es uno de esos escenarios donde el Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar reglas claras y transparentes en dicho proceso electoral. Esto podría ser un mecanismo de mayor transparencia que prevenga el abuso de la confianza que grupos de ciudadanos depositan en algunos líderes del sector privado.
** Presidente de Cifras y conceptos
ccaballero@cifrasyconceptos.com
*Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.
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