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Elogio de la impunidad

Nada puede sorprender a los colombianos después de lo que ha pasado con el carrusel de pensiones en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La historieta da para dedicarle una novela intitulada “Elogio de la impunidad”. Allí está el resultado de ternar a secretaritos de las comisiones de una de las cámaras, o aspirantes al Congreso que no salieron elegidos, para que, disfrazados con la toga de los magistrados, fallaran a favor del Gobierno anterior las tutelas presentadas en dicha sala por los ministros cuestionados.

Aplicando de modo equivocado el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes les planteó, a los propios magistrados presuntamente incursos en un daño cuantioso al fisco, una colisión de competencias que despojara a la Contralora de una potestad exclusivamente suya. Para hacer menos estrepitoso el descaro, ellos mismos designaron siete conjueces, y dos de los titulares los ayudaron a deliberar.

El artículo 268 de la Constitución, sobre las atribuciones del Contralor General de la República, dispone en el numeral 4: “Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.

Para poder establecer tales responsabilidades, el Contralor podrá, de acuerdo con el numeral 3 de la misma norma: “Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación”.

Está claro que, según el numeral 4, el Contralor no tiene que enviarle a ningún otro organismo del Estado sus pesquisas con el fin de investigar a los aforados y sancionarlos. Su misión va, inclusive, más allá de la sanción: va hasta la reparación patrimonial si se comprueban los excesos de una mala gestión. Y según el numeral 3, no se excluye de rendir cuentas a ningún empleado oficial, de ningún rango, aforado o no.

Forzar una interpretación que le inventó otra competencia a la Comisión de Acusación para adelantar juicios fiscales a magistrados con fuero, como lo hizo la sala de conjueces, es usurparle al pueblo y al Congreso el ejercicio de su función constituyente. Si recordamos la tesis del ex presidente López Michelsen sobre la necesidad de chambonear en ciertas oportunidades, entonces sí, no seamos tan severos con los siete ciudadanos que convirtieron su sentencia de suplefallas en acto legislativo reformatorio de la Carta Política.

Cualquiera creería que el señor Germán Blanco, presidente de la Comisión de Acusación, se pondrá los arreos de Juan de Mañozca o Mateo de Salcedo –Torquemada no expondría los suyos al bolicheo de un comediante de vereda– para caerles encima a los magistrados que protagonizaron la rumba pensional. Pero en esa comisión sólo se conjuga un verbo: absolver.

Ovidio Nasón, el inmenso poeta latino, dejó un librito didáctico sobre el arte de la pesca. Ovidio Claros, el magistrado estrella del Consejo Superior de la Judicatura, dejará uno sobre la voracidad de los pulpos.



Columnista



carvibus@yahoo.es


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Comentarios

Manada de RATORES que se

Manada de RATORES que se cruzan y entrelazan posiciones para asaltar los dineros públicos y mutramente cubrirse la porquería de sus asquerosas manos y procederes contra Colombia.
Obviamente como no alcanzan congreso lo nombran en otros carteles para mutuamente absolverse después del robo.
Bandidos.

Buena Dr. Villalba ilustrarnos las maniobras nauseabundas que hacen los verdaderos apátridas