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Estados de excepción

Se encuentran consagradas en la Constitución de 1991 unas facultades extraordinarias del Presidente de la República, los estados de excepción, que comprenden el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica (Artículos 212, 213, 214 y 215 C.N, regulados por la Ley Estatutaria 137 de 1994).



El estado de conmoción interior reemplazó al estado de sitio de la Constitución de 1886.

El origen remoto del estado de sitio lo encontramos en las facultades extraordinarias conferidas a los dictadores romanos en la época de la República, para salvar a la ciudad de cualquier peligro que la amenazara. La Convención Francesa de 1791 fue la que por primera vez utilizó la expresión estado de sitio, denominación que han empleado gran parte de las Constituciones de los siglos XIX y XX. Después de la Revolución Francesa pasó a ser una atribución propia del Ejecutivo.

Durante los estados de excepción el Presidente puede dictar Decretos denominados legislativos, que en el caso de la conmoción interior podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción interior y dejarán de regir tan pronto como se declare  restablecido el orden público.

Tanto la declaratoria como los decretos legislativos que dicte el Gobierno en los estados de excepción tendrán control jurisdiccional constitucional y control político. 

El estado de conmoción interior podrá ser declarado por término no mayor de noventa días, prorrogables hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República, a diferencia del estado de sitio previsto en la Constitución anterior, que se le dejaba a criterio del Gobierno levantarlo cuando considerara que se había restablecido el orden público, y por ello fue materia de abuso por gobiernos que prácticamente lo hicieron permanente, y de medidas como decretarlo para cerrar el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, como ocurrió el 9 de noviembre de 1949, con el argumento de que turbaban el orden público.  Se recuerda un Ministro de Hacienda que alegremente le decía a su Secretaria que se pusiera a la máquina (de escribir), que iba a legislar.

El estado de emergencia económica, social y ecológica fue al que acudió el Gobierno por el desastre causado por la temporada fuerte de lluvias, mediante el Decreto 4580 de 2010, declarado exequible por la Corte Constitucional. La segunda declaratoria fue de inexequible por insuficiente motivación o justificación.

A pesar de que los decretos legislativos de emergencia podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes, y de que, a diferencia de los decretos legislativos de conmoción interior, los de la emergencia tendrán vigencia hasta que el Congreso, durante el año siguiente, pueda derogarlos, modificarlos o adicionarlos, hasta ahora no se ha producido la reparación y reconstrucción de los daños graves producidos en el país, especialmente en la Costa Caribe, con muchas poblaciones a orillas de los ríos.

*Ex consejero de Estado. Profesor Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena.

antonioalvaradocabrales@hotmail.com

 

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