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Estudio de mercado

El Consejo Superior de la Judicatura es el componente institucional representativo de la independencia de los jueces.

Desmontarlo para desandar lo andado en veinte años es poner en peligro esa conquista que la Carta del 91 reconoció a las jurisdicciones. Tan cierto es el juicio, que la Corte Suprema y el Consejo de Estado, afectados inicialmente con la creación del Consejo y de la Corte Constitucional, admiten que la existencia de las cuatro corporaciones es vital para el aparato que conforman.

Una Sala Administrativa de seis magistrados de tiempo completo, convertida en junta directiva integrada por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, rendiría bastante menos, y quién sabe cuántas sorpresas nos daría si se le confía la ejecución de la política judicial a un gerente que concentraría en sus manos un imperio con mucho dinero, un plantel gigantesco de servidores y auxiliares, y más discrecionalidad para lo bueno, lo malo y lo feo en toda la organización puesta bajo su cuidado.

El lado vulnerable del Consejo Superior, por hechos que no son secreto para nadie, es su Sala Disciplinaria. Lo aconsejable, entonces, sería descolgársela al Consejo y crear una jurisdicción disciplinaria aparte, sin hermana gemela, encabezada por un tribunal del mismo rango de las dos cortes y los dos consejos, y completada con sus respectivos tribunales seccionales, pero despojando el nombramiento de los magistrados de aquél del origen político que bastardeó la jerarquía de la sala. Los designarían las cuatro corporaciones restantes. Además, operar la nueva jurisdicción no encimaría costos adicionales

Podarle a la Rama Judicial la facultad de nominar aspirantes a ciertos cargos es una magnífica idea. Esta novedad, con la cual se pretendió aminorar la escalada clientelista de las dos décadas anteriores, acabó por clientelizar a los organismos judiciales. A ellos llevan los políticos nombres y proponen canjes que desfiguran el significado de los concursos, y les transfunden a algunos magistrados el apetito por las cuotas en las entidades que nombran con base en sus ternas.

La última elección de Fiscal estuvo precedida de una opereta de sabor provinciano, pero porque el jefe del Gobierno quebró una tradición presidencial respetuosa de la seriedad con que se escogían los altos dignatarios del Estado, y vio en la terna la moneda de cambio precisa para alzarse con una marioneta experta en tapado de ollas. Sin embargo, el níquel se le derritió.

Por eso, el posible acuerdo entre Gobierno y Cortes sobre la adopción del procedimiento contrario para designar Fiscal (terna de la Suprema y decreto del Presidente) es igualmente sensato. Empero, lo fundamental es que el Gobierno, la Fiscalía y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, definan una política criminal coherente (no la tenemos) y enfrenten el tsunami delictivo que abruma al país y tiene a la gente del común diciendo, con decepción y certeza, que a los colombianos no debe presumírseles inocentes sino delincuentes.

Si hiciéramos un estudio de mercado, comprobaríamos que lo que por ahora requiere la Justicia es más voluntad oficial de apoyarla y dotarla de mejores herramientas para su labor, que remiendos regresivos o nugatorios en su estructura.



*Columnista

carvibus@yahoo.es

 

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Comentarios

Reingeniería, maestro.

Reingeniería, maestro.

hablando del Consejo Superior

hablando del Consejo Superior de la Judicatura, no he sabido aún de ninguna sanción que hayan impuesto a Jueces, fiscales o a Abogados corruptos. Si lo han hecho deben publicarlos para que todo el mundo se entere con sus causas.