Transcaribe ha recorrido un trayecto accidentado, no sólo por sus problemas iniciales de diseño y justificación en una topografía como la de Cartagena, sino porque su costo rebasó en miles de millones el presupuesto que el Ministerio de Transporte y el Distrito previeron. Esa pasada de punto inquietaba al Concejo Distrital y citó al gerente del proyecto para que explicara los numeritos del gasto total. Pero el ingeniero Chartuni se excusó horas antes de iniciarse la sesión.
La primera reacción del Cabildo fue pedirle a la Contraloría General de la República un control excepcional a la empresa por tres motivos: sobrecostos, atraso y baja calidad de las obras. ¿Son ciertas las tres falencias señaladas por el Concejo? ¿Son de la responsabilidad del gerente o son atribuibles a los contratistas por los antecedentes de incumplimiento que alguno de los citantes denunció? ¿Será que no hay una interventoría eficaz que exija el cumplimiento de lo pactado?
Conociendo la solvencia profesional de Enrique Chartuni, fácil le hubiera quedado demostrarle al Concejo que carecían de fundamento sus tres reproches. Sin embargo, la excusa inexcusable que adujo el funcionario citado para no comparecer dejó a la opinión en Babia. Obvio: el rezago de Transcaribe en relación con sus similares de Barranquilla, Cali y Pereira, apremió la necesidad de que la más alta corporación administrativa del Distrito conociera la situación real de un proyecto que, aparte de cuantioso y complejo, definirá el futuro de nuestro transporte urbano, sus rutas y su organización
En la era de las rendiciones de cuentas lo procedente es que los aciertos y escollos de las megaobras adelantadas por el Estado y las entidades territoriales, independientemente del control político que se les practique, bajen también de los escritorios a las calles. No hay nada que más satisfaga al ciudadano que ver devueltos en infraestructura y servicios, a satisfacción de la sociedad toda, los impuestos que paga. Y no hay nada que más lo irrite que enterarse de que las obras que deben desarrollar su entorno son deficientes porque estuvieron mal conducidas.
Otro aspecto sensible de la operación de Transcaribe es el de los líos judiciales, unos ante la Justicia ordinaria y dos ante un par de tribunales de arbitramento que dirimirán discrepancias por $17.000 millones con un contratista del tramo uno, y por $43.000 millones con un contratista del tramo dos. ¿Cómo negar la utilidad de que los cartageneros conozcan los hechos y las actuaciones de la empresa que originaron los pleitos en trámite?
Con el respeto y el afecto que tengo por el ingeniero Chartuni le sugiero que no demore más lo que tenga que decir de su gestión, lo que ha hecho y lo que no ha podido hacer. Ante el Concejo, según lo solicitó él mismo al pedir que se aplazara la citación, y en una rueda de prensa con amplia participación ciudadana, a la que pudiera asistir, de igual modo, la alcaldesa y, de ser posible, el Ministro de Transporte o un viceministro. Que no desconfíe de sí mismo. De seguro le irá bien.
Pero, antes, que él y la Dirección de Tránsito despejen el enredijo con las entradas, salidas y retornos alrededor de la glorieta donde el general Santander resolvió darle la espalda al desorden que lo asedia.
*Columnista y profesor universitario
carvibus@yahoo.es
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